Presentan moción para que premier Eduardo Arana explique designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia

A través de una moción del día, Edward Málaga solicitó que se cite al primer ministro de Dina Boluarte para que responda un pliego de preguntas sobre la polémica designación de Santiváñez

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El congresista Edward Málaga presentó esta mañana una orden de moción del día en el que pide citar al primer ministro Eduardo Arana con el fin de que informe y responda sobre la reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El documento fundamenta el pedido en diferentes artículos de la Constitución Política y el Código de Ética de la Función Pública, que exigen criterios de idoneidad, probidad y transparencia en el ejercicio de cargos públicos, especialmente en sectores vinculados a la administración de justicia.

Juan José Santiváñez fue designado ministro el 23 de agosto de 2025, a través de una resolución suprema, solo cinco meses después de haber sido censurado por el Congreso durante su gestión en el Ministerio del Interior. La censura parlamentaria en su contra se sustentó en cuestionamientos sobre falta de liderazgo y capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Además, la moción señala que sobre Santiváñez pesan investigaciones fiscales y una medida judicial de impedimento de salida del país, además de antecedentes de comportamiento confrontacional con la prensa y el uso político del cargo ministerial anterior.

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Juan José Santiváñez denunció a los periodistas de Latina acusándolos de 'reglaje'

Pide información sobre la designación de Santiváñez

La solicitud de Málaga sostiene que la reciente designación del ahora ministro de Justicia genera preocupaciones en torno a la función de control político del Parlamento, ya que, según la argumentación de la moción, podría interpretarse como un intento de protegerlo a través del antejuicio político. En este escenario, el Parlamento busca evaluar la legalidad y pertinencia de la elección de Santiváñez y determinar si responde a criterios de idoneidad y transparencia.

En el temario que adjuntó el parlamentario no agrupado incluye aspectos relacionados con el procedimiento seguido para la designación, los criterios técnicos y éticos aplicados, y la evaluación de riesgos judiciales y reputacionales. También se solicita información sobre si existían investigaciones o medidas judiciales contra el ministro al momento de su nombramiento, y cómo esto pudo influir en la operación del sector Justicia. Además se solicita el expediente completo de la propuesta formal, informes de idoneidad, verificación de antecedentes y protocolos de integridad.

Entre los puntos clave de la moción figura la exigencia de que el presidente del Consejo de Ministros explique cómo se justifica la designación de un exministro previamente censurado, considerando que la censura constituye un mecanismo de control político y que, según lo sostiene, la reciente decisión podría desvirtuar esta herramienta constitucional. El pedido también busca conocer antecedentes similares, en caso de que existan, y el análisis comparativo realizado por el Ejecutivo en esta ocasión.

Además, el Congreso solicitó información sobre el impacto potencial de las investigaciones fiscales y judiciales abiertas contra Santiváñez en el desempeño del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se demanda, especialmente, la evidencia de los protocolos implementados por el Ejecutivo para mitigar cualquier riesgo operacional derivado de citaciones o diligencias legales que enfrente el actual ministro.

Hoja de ruta del nuevo ministro de Justicia

En el terreno de la política pública y los estándares de derechos humanos, la moción pregunta cuál es la hoja de ruta del nuevo ministro para fortalecer la defensa pública, la carrera fiscal y judicial, y la política penitenciaria. Se requirió explícitamente que se envíen el Plan de 100 días del MINJUSDH y los indicadores con que se medirá su gestión, así como información clara sobre la postura oficial respecto de tratados internacionales y relaciones con órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se solicitó también la Declaración Jurada de Intereses del ministro Santiváñez y los resultados obtenidos por la Oficina de Integridad, además de las medidas adoptadas para evitar posibles conflictos de intereses relacionados con investigaciones en curso que involucren a altos funcionarios del gobierno, incluyendo la propia Presidencia.

También se requiere un detalle pormenorizado de las contrataciones y designaciones que ha realizado Santiváñez desde su acceso al ministerio, así como información sobre eventuales ratificaciones de su círculo de confianza utilizado previamente durante su paso por el Ministerio del Interior.

La moción pide conocer las acciones y métricas que adoptará la Presidencia del Consejo de Ministros para garantizar que la designación no ahonde la crisis de confianza entre la ciudadanía ni transmita señales de blindaje político. Asimismo, se solicita explicaciones sobre los indicadores de desempeño que la PCM ha fijado para evaluar la política pública en justicia, acceso a la justicia, defensa pública y sistema penitenciario.

Esta moción de la orden del día tendrá que evaluarse una vez que termine la semana de representación del Congreso, pasar por junta de portavoces y luego en el Pleno, donde se verá si se aprueba la invitación al primer ministro.

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