
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su respaldo a la reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, en medio de numerosas críticas provenientes tanto del Congreso de la República como de diversos sectores políticos y ciudadanos. La postura del burgomaestre limeño fue anunciada durante una actividad oficial el último sábado, en la que destacó el papel desempeñado por Santiváñez durante su breve gestión al frente del Ministerio del Interior (Mininter).
Adelantó que planea solicitar una reunión con Santiváñez para abordar temas pendientes sobre infraestructura penitenciaria y se mostró confiado de que el ahora integrante del Ejecutivo los ayude, dado que “nos ayudó bastante en el momento que era ministro del Interior”.
Sus declaraciones y respaldo se dan en medio del masivo rechazo hacia el retorno de quien hace cinco meses fue censurado como titular del Mininter, por presunta “incapacidad en el cargo” frente a la creciente inseguridad ciudadana. La sanción parlamentaria se aprobó con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones en el Pleno del Congreso. Tras su salida, Santiváñez fue nombrado en abril jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, donde su actuación fue observada por supuestas reuniones con alcaldes distritales coincidiendo con la asignación posterior de fondos públicos a esos mismos municipios.
Cabe mencionar que no es la primera vez que el burgomaestre defiende a Santiváñez. En diciembre del año pasado, destacó que es alguien que le funciona, pese al incremento de criminalidad y extorsiones reportadas en su gestión. “Es un señor que, por lo menos a mí, me está funcionando porque tengo más o menos 4 mil motos ya entregadas antes del 15 de diciembre; entonces yo tengo que ver como alcalde de Lima la seguridad que me toca y el señor me da 4 mil policías egresados en Lima. Entonces, un señor que coordina conmigo la inteligencia municipal”, expresó en diálogo con RPP.

Reacciones en el Congreso
Por el contrario, la noticia no ha sido bien recibida por el Congreso de la República. Incluso, Diego Bazán, integrante de Renovación Popular, consideró una afrenta al Parlamento el retorno de Santiváñez e indicó que correspondería una censura al premier Eduardo Arana, a fin de destituir a todo el gabinete.
Por su parte, la parlamentaria Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, tildó la decisión de “provocación al Congreso y una necedad”. “Este señor es incapaz de gestionar nada. ¿Qué puede hacer por la justicia en el país un ex abogado de procesados por corrupción y otros delitos graves? Boluarte premia a su favorito a costa de todos los peruanos”, expresó en su cuenta en X.
Sigrid Bazán, también del Bloque Democrático Popular, calificó de “descaro” la insistencia de la presidenta en el nombramiento de Santiváñez. Por su parte, Ruth Luque señaló que la presencia del nuevo ministro en el sector justicia es señal de orientación autoritaria y de continuidad en la impunidad. Mientras, la congresista Silvana Robles consideró “inaceptable” el ingreso del censurado funcionario. “Censurado por el Congreso y con investigaciones graves en curso, aún recibe el respaldo de Dina Boluarte. Otro golpe más a la institucionalidad y a la justicia en el país”, publicó en redes sociales.
Alejandro Cavero (Avanza País) se refirió a la designación como “una burla al país”. Margot Palacios (no agrupada) la catalogó como “premio a la incapacidad”, destacando las investigaciones fiscales abiertas contra el exministro; mientras que Edward Málaga exigió una posición clara de los líderes partidarios ante lo que consideró una muestra más de falta de escrúpulos en el Ejecutivo.
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