La violencia y la extorsión mantienen en estado de alarma al sector del transporte público en Lima. Según datos de la División Estadística de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año se registraron 44 muertes violentas de choferes, cobradores y ayudantes, mientras que otras 23 están bajo investigación. A estos crímenes se suman nuevos ataques ocurridos en las últimas semanas, elevando la cifra de víctimas mortales al menos a 46, en un contexto donde el cobro de cupos sigue imponiéndose como una amenaza cotidiana para los trabajadores y empresarios del rubro.
Los crímenes más recientes refuerzan la gravedad del problema. El 19 de julio, en el distrito de Los Olivos, un conductor de la empresa ‘El Rápido’ fue asesinado de un disparo a la cabeza en pleno recorrido. El ataque ocurrió en el paradero Villasol, en la avenida Universitaria, y habría sido ejecutado por un falso pasajero. Este hecho no es aislado: meses antes, otro bus de la misma empresa sufrió un ataque similar que dejó a su chofer gravemente herido, y a fines del año pasado se registró el asesinato de otro conductor.
Solo hace dos días, el 7 de agosto, dos sujetos en moto acribillaron a un cobrador de la empresa ‘El Tigrillo’ en la avenida Zarumilla, distrito de San Martín de Porres. Pese a ser llevado de urgencia al hospital Cayetano Heredia, Gilbert Carhuahuilca falleció por la gravedad de las heridas. Una pasajera registró el momento del atentado, mientras los ocupantes intentaban auxiliar a la víctima.
Bajo amenazas y sin protección: así continúan operando los conductores y cobradores
Conductores y cobradores relatan que se ven obligados a pagar cupos para no ser víctimas de ataques, seguir trabajando y evitar despidos. Las bandas criminales no solo actúan con extrema violencia, sino que su acción se ha multiplicado: los trabajadores denuncian que ahora varias organizaciones exigen pagos simultáneos a las mismas empresas y que el monto de los cupos no deja de aumentar. La empresa ‘El Tigrillo’, por ejemplo, pasaba de pagar 15 mil soles mensuales a 50 mil tras nuevas amenazas.
La reacción interna de las empresas ha sido objeto de críticas por parte de los mismos trabajadores. Tras el último asesinato registrado en ‘El Rápido’, choferes intentaron paralizar labores para exigir más seguridad. Uno de los conductores denunció hostigamiento y amenazas de despido por parte de la administración, al exponer ataques previos silenciados y la falta de respuesta efectiva.
“Antes de que el compañero fallezca, dos días antes, han baleado un bus, cinco impactos de bala [...] nos amenazaron: ‘Te callas o te vas’”, relató. Pese a promesas de vigilancia policial en las rutas, los conductores no vieron, en ese entonces, presencia de patrullas ni efectivos de unidades especializadas en los recorridos.
Impacto económico
El impacto económico agrava el escenario. La Cámara Internacional de la Industria de Transporte calcula que el 80 % de las más de 400 empresas formales en el país paga cupos; algunas llegan a realizar hasta seis pagos mensuales y el promedio exigido bordea los 70 mil soles por empresa.
Más allá de las pérdidas económicas, la extorsión se traduce en amenazas constantes, violencia armada y un clima de temor que afecta a miles de trabajadores. Los operativos policiales y las investigaciones en curso resultan insuficientes frente a una ola delictiva que, hasta el momento, no muestra señales de retroceso.
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