Pasajes subirían por cobro de cupos: transportistas alertan alza de precios ante ola de extorsiones y ataques criminales

Las extorsiones que afectan al transporte público en Lima y otras regiones del país provocarán un alza en el precio de los pasajes. Empresas formales del sector aseguran que ya no pueden sostener sus operaciones sin trasladar parte de los costos a los usuarios. La situación se agrava por el avance de organizaciones criminales que exigen pagos mensuales a cambio de “seguridad” y permiten la continuidad de los servicios en las rutas establecidas.

La amenaza no es nueva, pero ha alcanzado niveles preocupantes en 2025. Transportistas indican que bandas delictivas dominan varios puntos críticos de la capital y exigen pagos diarios o semanales. En algunos casos, hasta cinco organizaciones distintas piden dinero a una sola línea. Si no pagan, sufren ataques, amenazas o incluso asesinatos.

“Si esto no cambia, las empresas se verán obligadas a subir el pasaje”, advirtió Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, a Panamericana Televisión. La medida busca mantener operativos a sus trabajadores y cubrir costos de mantenimiento, flota y combustible, en medio de un contexto donde la criminalidad sigue en aumento.

Según estadísticas de la Policía Nacional, entre enero y julio de este año, al menos 32 transportistas han sido asesinados por resistirse al cobro de cupos. La mayoría de los casos se registraron en distritos como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y otros sectores de Lima Este y Lima Sur. El gremio ha propuesto un paro para el 11 de agosto, pero el Gobierno lo ha descartado.

La problemática no solo golpea al sector empresarial. Miles de pasajeros enfrentarán un nuevo ajuste económico. El temor es que esta alza no sea temporal, sino el inicio de una nueva etapa de incremento de precios en el transporte urbano.

De acuerdo con la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, el 80% de las más de 400 empresas formales de transporte en el país paga cupos a extorsionadores. Algunas realizan entre tres y seis pagos mensuales, lo que representa una fuerte carga financiera. El promedio de dinero exigido bordea los 68 mil a 70 mil soles por empresa.

A nivel nacional, se calcula que los extorsionadores recaudan cerca de 10 millones de soles al mes provenientes únicamente del sector transporte. Este dinero no se destina a mejoras ni a inversión en el servicio. Por el contrario, vacía las arcas de los operadores y limita cualquier posibilidad de crecimiento o innovación.

La Línea B, que cubre la ruta entre la avenida Argentina y la avenida Huandoy, anunció recientemente que incrementará su tarifa en 50 céntimos a partir del 23 de julio. El motivo: los pagos extorsivos que deben realizar a dos bandas criminales en sus paraderos.

Uno de los choferes explicó que cada unidad paga 20 soles al día, 10 soles por cada grupo. Con una flota de 50 combis, la empresa desembolsa cerca de mil soles diarios. Esto representa 30 mil soles al mes y 360 mil soles al año.

A través de un comunicado, la empresa informó que la decisión fue tomada por “temas de extorsiones”. No se trata de una acción aislada, ya que otras empresas evalúan medidas similares en caso las autoridades no intervengan con resultados concretos.

El incremento, aunque necesario para las empresas, impacta directamente en los usuarios, quienes ya enfrentan una economía golpeada por otros factores como inflación y desempleo.

Representantes del gremio aseguran que no tienen otra opción. Las extorsiones afectan la estabilidad laboral de choferes, cobradores, personal administrativo y mecánicos. Los aumentos en las tarifas son, según explican, una medida de supervivencia ante la falta de respaldo estatal.

“Las empresas necesitan seguir operando. Si no pueden costear los cupos ni mantener sus unidades, tendrán que cerrar”, advirtió Ojeda. En ese caso, se perderían cientos de empleos y se reduciría el acceso al transporte público en muchas zonas.

Además, señalaron que el combustible sigue con precios elevados, sin subsidios adecuados. A eso se suma la falta de financiamiento para renovación de flotas y programas de formalización.

La medida fue tomada por empresas formales, pero también por transportistas informales que operan en zonas sin presencia policial efectiva. El riesgo es que, de no actuar pronto, la situación se convierta en una crisis generalizada.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, respondió ante el anuncio de alza de pasajes por extorsiones. Dijo que evaluarán los casos, pero no ofreció una solución concreta a corto plazo. “Vamos a evaluar eso. Yo tengo que ver lo que me informa el ministro del Interior”, declaró.

Ante la posibilidad de un paro de transportistas el 11 de agosto, Sandoval aseguró que “no va a haber paro” y que está en conversaciones directas con los gremios. Sin embargo, los dirigentes insisten en que las mesas de trabajo no están dando resultados reales.

“Vamos a reunirnos en una futura reunión con toda la prensa y ahí se establecerá el día que no pasará en fin de mes”, señalaron desde la CIT. Los transportistas exigen acciones inmediatas, como operativos contra bandas criminales, protección para trabajadores del sector y una política efectiva de seguridad.

Por ahora, la criminalidad sigue controlando rutas enteras, mientras el Gobierno intenta calmar ánimos con promesas. Los usuarios, en tanto, ya sienten en sus bolsillos el precio de la extorsión.