El sistema de transporte público atraviesa un momento marcado por la preocupación de conductores, cobradores y pasajeros ante la expansión de delitos como la extorsión y el sicariato. En ese escenario, el Estado busca aplicar mecanismos que permitan mantener el servicio activo sin exponer a quienes dependen de este sector para trabajar o movilizarse a diario.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones adoptó nuevas disposiciones dirigidas a enfrentar estos riesgos. Las medidas apuntan a reorganizar temporalmente los recorridos de buses y otros vehículos cuando una zona presente amenazas o hechos delictivos que afecten la operación regular del transporte.
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Las decisiones se oficializaron mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano. Según el ministerio, estas normas buscan evitar la interrupción del servicio y ofrecer herramientas para que autoridades y operadores adopten rutas alternativas con criterios técnicos definidos.
Plan de rutas provisionales ante zonas de riesgo
La primera disposición corresponde a la Resolución Directoral N.° 0009-2026-MTC/18. Este documento aprueba los Lineamientos Técnicos para la elaboración, implementación y ejecución del Plan de Rutas Provisionales.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó que la medida permitirá modificar temporalmente los recorridos del transporte público cuando existan riesgos para los operadores o cuando el tránsito resulte afectado por situaciones externas.
Según la información difundida por la entidad, la norma permitirá establecer rutas temporales en zonas donde se registren amenazas delictivas, bloqueos u otros factores que impidan la circulación regular de los vehículos.
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El objetivo central consiste en asegurar que el transporte de pasajeros y de mercancías continúe en funcionamiento incluso en contextos de riesgo. De acuerdo con el ministerio, se busca “evitar la paralización del servicio de transporte público y de mercancías cuando existan situaciones de riesgo, así como proteger la integridad de conductores, trabajadores y usuarios”.
Los lineamientos también definen criterios técnicos y operativos que deberán aplicar las autoridades para diseñar estos recorridos alternativos. Entre los puntos considerados figuran mecanismos de coordinación entre instituciones para aprobar las rutas provisionales y acciones destinadas a garantizar que los trayectos temporales funcionen con condiciones adecuadas de seguridad y eficiencia.
Evaluación y certificación de rutas seguras
La segunda medida corresponde a la Resolución Directoral N.° 0010-2026-MTC/18. Esta norma establece lineamientos técnicos, estándares mínimos y procedimientos para la evaluación y certificación de rutas seguras dentro del transporte público terrestre.
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El ministerio indicó que esta herramienta permitirá identificar qué recorridos ofrecen condiciones apropiadas para la operación del servicio. Con ese proceso se busca reducir los riesgos que enfrentan conductores, trabajadores del sector y pasajeros durante sus desplazamientos.
La normativa define criterios técnicos que deberán cumplir las rutas para obtener la certificación de seguridad. También establece procedimientos de evaluación que permitirán revisar cada trayecto antes de otorgar el reconocimiento oficial.
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Otro componente de la norma consiste en la creación de indicadores que permitan medir el avance de estas acciones. El sistema permitirá determinar cuántas rutas cuentan con medidas de seguridad implementadas en relación con el total de recorridos que operan dentro del sistema de transporte.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó que estos mecanismos permitirán contar con información concreta sobre el nivel de seguridad en cada ruta y facilitarán la adopción de decisiones por parte de las autoridades competentes.
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Medidas dentro de la estrategia contra la criminalidad
Ambas resoluciones forman parte de la aplicación de la Ley N.° 32490, norma que establece medidas extraordinarias frente a delitos como la extorsión y el sicariato en el sector transporte.
El ministerio indicó que estas disposiciones buscan fortalecer la respuesta del Estado ante la violencia que afecta a empresas y trabajadores del rubro. La estrategia incluye acciones orientadas a mantener el funcionamiento del servicio y reducir los riesgos que enfrentan los operadores.
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Según la entidad, las medidas también buscan proteger la actividad económica vinculada al transporte público y garantizar que los ciudadanos continúen con sus desplazamientos diarios sin interrupciones.
En ese marco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sostuvo que estas disposiciones forman parte de un conjunto de acciones orientadas a reforzar la seguridad en el sistema de transporte público frente a la criminalidad que afecta al sector.
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