Ministro del Interior culpa a los gobiernos anteriores por falta de chalecos antibalas, pero sigue justificando compra de autos de lujo a altos mandos de la PNP

El ministro del Interior, Carlos Malaver, responsabilizó a gobiernos anteriores por la ausencia de chalecos antibalas en la Policía Nacional del Perú (PNP). En declaraciones a la prensa, afirmó que su gestión “heredó” esta carencia y que actualmente se trabaja en un proceso para adquirir más unidades. Aún así, señaló que con tales acciones, no se lograría cubrir toda la demanda.

La falta de equipamiento contrasta con la reciente entrega de vehículos de alta gama para generales y coroneles de la PNP, operación que recibió luz verde del Ministerio del Interior y que fue financiada con recursos originalmente destinados a partidas de salud y pensiones.

Nueva compra de chalecos no cubrirá a todos los efectivos

Según el ministro Malaver, el objetivo es dotar de chalecos a las unidades operativas. “Hemos recibido una donación y próximamente van a llegar de acuerdo a estas permanentes relaciones, viajes o coordinaciones que se realizan. Vamos a recibir 4000 chalecos. Ojo, de acá a fin de año vamos a tener los 4000, más otros 3000”, aclaró.

Sin embargo el número de agentes en servicio excede la capacidad actual de abastecimiento. Fuentes policiales estiman que la PNP cuenta con 133.880 efectivos a nivel nacional, e incluso, si se buscara cumplir con el estándar recomendado por la ONU, se aumentarían al menos 40.000 policías adicionales.

El propio ministro reconoció que, aun con la compra que su despacho planea ejecutar, el abastecimiento de chalecos quedará por debajo de la necesidad real. “Pero les digo la realidad, eso tampoco alcanzaría para cubrir la totalidad”, señaló.

Agentes deben costear su propio equipo de protección

El déficit de chalecos antibalas obliga a muchos policías a costear su propio equipo, adquiriendo modelos de menor calidad que no cumplen con los estándares de protección balística.

El especialista en seguridad Jorge Samudio reveló que la PNP no adquiere chalecos desde hace más de cinco años. Si bien se lanzaron licitaciones, varias quedaron inconclusas y en 2024 un contrato llegó hasta la firma antes de ser declarado “desierto” sin mayores explicaciones.

La precariedad de estos equipos quedó en evidencia el pasado 3 de agosto, cuando el suboficial José Gabriel Munive Gurmendi murió en La Victoria durante un enfrentamiento con delincuentes. Según denunció su hermano, Munive llevaba un chaleco comprado con sus propios recursos, de calidad inferior y sin la protección necesaria.

La pérdida generó aún más críticas entre diversos sectores de la población, quienes cuestionan cómo la carencia de equipos de protección contrasta con el gasto en otros rubros, como la adquisición de vehículos de lujo para altos mandos, lo que ha generado críticas por la priorización del presupuesto.

Compra de autos de lujo para altos mandos

En plena crisis de seguridad y con policías sin equipos adecuados, la PNP concretó la compra de ciento sesenta y ocho vehículos para altos mandos, con un costo que supera los 17 millones soles. La operación fue aprobada por el Ministerio del Interior y se financió con fondos originalmente destinados a salud y pensiones.

La adquisición incluyó 120 Toyota Corolla para coroneles, con un valor superior a 11 millones soles; 40 camionetas Toyota RAV4 para generales, por más de 5 millones soles; y 8 camionetas Audi Q5 para tenientes generales, cada una con un precio que supera los 200 mil soles. Las proveedoras fueron las empresas EUROSHOP y AUTOESPAR.

Según documentos de la propia institución, estos vehículos “no mejoran la capacidad operativa” de la policía, sino que brindan comodidad y soporte a los oficiales de alto rango. Es la primera vez que se opta por una marca de gama alta como Audi para el parque automotor de la PNP, lo que ha sido interpretado como un gasto injustificado frente a necesidades urgentes como chalecos, patrulleros o modernización de estaciones.

La polémica aumentó al revelarse que la compra se financió con dinero reasignado de partidas destinadas áreas clave para la protección y bienestar social de los efectivos. A raíz de este descubrimiento, la Contraloría General de la República ha iniciado investigaciones por el caso que prioriza compras que no inciden directamente en la reducción de la delincuencia ni en la protección de los agentes.