La reciente adquisición de vehículos de lujo por parte de la Policía Nacional ha desatado una fuerte polémica. Aunque existe una ley que permite la compra de automóviles para los altos mandos policiales, esta es la primera vez que se opta por una marca de gama alta, como Audi, y el costo de la operación ha sido motivo de cuestionamientos. La clave de la controversia no son solo los modelos seleccionados, sino el origen de los fondos públicos utilizados y las consecuencias de estas decisiones presupuestarias para necesidades prioritarias de la institución y sus trabajadores.
Punto Final develó que la adquisición se realizó tras el aval del Ministerio del Interior. Según consta en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la operación alcanzó un monto superior a los 17 millones de soles y se distribuyó en tres grandes grupos: 120 Toyota Corolla para coroneles, con un valor superior a 11 millones de soles; 40 camionetas Toyota RAV4 para generales, por más de 5 millones de soles; y 8 camionetas Audi Q5, destinadas a tenientes generales, cuyo precio unitario supera los 200 mil soles. Las empresas proveedoras fueron EUROSHOP y AUTOESPAR.
El modelo Audi Q5, en particular, destaca en el mercado como un SUV con tecnología avanzada y comodidades reservadas a las personas con alto poder adquisitivo. Este tipo de vehículo Premium rara vez forma parte del parque automotor policial en los países de la región y menos aún cuando se utilizan recursos públicos en contextos de crisis institucional y escasez de insumos para labores operativas.
La pregunta sobre la legalidad y la oportunidad de la compra surge en un contexto complejo. El presupuesto 2025 del Ministerio del Interior, presentado por el entonces ministro Juan José Santivañez y aprobado por el Congreso, priorizaba la lucha contra el crimen organizado y no incluía la autorización para la adquisición de estos vehículos. Sin embargo, el Presupuesto Institucional de Apertura de la Policía reconocía una partida de 17,3 millones de soles para compra de vehículos, aunque destinada, en principio, a otras necesidades.
¿Cómo se financiaron los autos de lujos?
Para lograr comprar los autos de lujo, la Policía realizó modificaciones presupuestarias a nivel interno. Estos traslados de fondos se justificaron como un gasto de capital —y no como inversión pública— lo que permitió eludir controles adicionales y la elaboración de una ficha técnica que evaluara la pertinencia del gasto. En documentos internos, a los que accedió el medio, la propia policía reconoce que los vehículos no mejoran la atención ciudadana ni la capacidad operativa, sino que brindan comodidad y soporte a los altos mandos. La compra se amparó bajo el argumento de apoyo al cumplimiento de la misión institucional, esquivando la obligación de medir impacto sobre los objetivos del servicio policial.
El camino elegido para financiar los vehículos fue el de las modificaciones presupuestarias. La unidad ejecutora encargada, la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, trasladó montos originalmente asignados a partidas sensibles, destinados para Personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales y bienes y servicios, las cuales se pusieron en rojo para llegar a los 21 millones 395 mil 565 soles y pasarlos a la partida de Adquisición de Activos no financieros. De esos 21 millones, se destinaron 19 millones, 984 mil soles para la compra de los vehículos Premium del alto mando de la Policía.
El Portal de Transparencia Amigable del MEF confirma que los recursos fueron retirados de partidas esenciales, que pudieron ser orientados en vez de vehículos de lujo al colapsado Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) declarado en crisis. Es decir que mientras los altos mandos reciben autos de lujo, los efectivos policiales deben pagar de su bolsillo medicamentos, exámenes y hasta atención médica, y los pensionistas son desfinanciados.
Altos mandos pueden quedarse con autos de lujo
Por norma, los altos mandos pueden, al pasar a retiro, solicitar la compra de los autos que se les asignaron durante el ejercicio de sus funciones, accediendo a precios menores y en cuotas sin intereses. Por ejemplo, el comandante general Víctor Zanabria tendría esa posibilidad sobre el Audi que actualmente usa para su labor institucional. Consultados por el medio en mención, ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior accedieron a explicar públicamente la reasignación de fondos y el impacto en los servicios esenciales de la institución.
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