Los pasajeros de la línea de colectivos urbanos en San Juan de Lurigancho recibieron esta semana una noticia inesperada. Un aviso colocado en el respaldar del conductor informa la decisión tomada por la Asociación de Transportistas de Juan Pablo Segundo: desde el 4 de agosto de 2025, el pasaje costará un sol cincuenta. El comunicado, expuesto a la vista de todos, señala que la medida responde, en parte, a las crecientes exigencias de pago de cupos por parte de extorsionadores.
Para quienes hacen uso diario de este servicio, el aumento generó molestia. Hasta hace poco, la tarifa se mantenía en un sol. “Un sol cincuenta es algo que no es razonable, especialmente si el alza no se debe al combustible, sino a la delincuencia”, expresó una pasajera habitual. El rechazo y la sorpresa dominan las opiniones de los usuarios, quienes se ven forzados a asumir un costo extra por una problemática ajena a su voluntad.
Extorsión y silencio de las autoridades
El incremento no responde a una mejora del servicio ni a ajustes por el precio del combustible. El motivo, según los transportistas, es exclusivamente el pago de extorsiones. “Lo que uno hace es agarrarse por el pasaje, pero mayormente por la extorsión. Los más perjudicados somos los ciudadanos de a pie”, resaltó un conductor a América Noticias al referirse a la falta de apoyo estatal ante este fenómeno.
Los afectados señalan que las autoridades no han tomado medidas concretas para frenar la ola de extorsión. Los colectiveros insisten en que su única alternativa para no perder sus fuentes de ingreso es trasladar el costo de los cupos al usuario final. El temor a represalias de bandas criminales que operan en la zona condiciona el accionar de los choferes y dificulta el desarrollo normal de la actividad.
El impacto en un distrito estratégico
La línea de colectivos urbanos cumple un rol clave para quienes habitan en barrios alejados del distrito. Los vehículos recorren rutas trascendentales como Juan Pablo Segundo hasta puntos neurálgicos, entre ellos el paradero Canto Grande y la Estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima. Para miles de personas, este es el transporte más accesible y rápido hacia sus destinos laborales o educativos.
Frente a la nueva tarifa, la carga económica adicional recae en los bolsillos de usuarios que ya enfrentan dificultades para costear el día a día. La medida expone la vulnerabilidad social de quienes dependen del transporte público en zonas con menor presencia estatal y escasas alternativas.
Extorsiones y aumentos, un fenómeno en expansión
Lo ocurrido en San Juan de Lurigancho no es un caso aislado. Recientemente, la línea B, que conecta Los Olivos con el Cercado de Lima, adoptó la misma política de incremento en respuesta a la presión de extorsionadores. El fenómeno, cada vez más frecuente en distintos puntos de Lima, evidencia la expansión y consolidación de las mafias que buscan lucrar con el trabajo de los transportistas.
Conductores de otras empresas reconocen el problema, pero resaltan las diferencias entre quienes se ven forzados a pagar cupos y aquellos que intentan sortear la situación. No todos reaccionan igual, pero la tendencia al alza preocupa tanto a trabajadores del volante como a los usuarios.
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