El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que ordene 18 meses de impedimento de salida del país contra el congresista José Luna Gálvez y su hijo, el regidor José Luna Morales, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida busca garantizar que ambos permanezcan en el país mientras avanza la etapa preparatoria del proceso penal.
El pedido fue formulado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada – Equipo 3, que también incluyó en el requerimiento a otros ocho investigados, entre ellos personajes de alto perfil como José Cavassa, exasesor de la ONPE, y los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Guido Águila, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Herbert Marcelo.
La hipótesis fiscal apunta a la existencia de una presunta red criminal que habría captado instituciones clave del sistema electoral y judicial para facilitar la inscripción del partido político liderado por Luna Gálvez.
Audiencia será el 22 de julio
La evaluación del pedido fiscal estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien ha convocado a una audiencia presencial el próximo martes 22 de julio a las 11:00 a. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, en el Cercado de Lima. En esta sesión, las partes procesales presentarán sus argumentos, y se espera que el magistrado emita su resolución poco después.
Esta solicitud forma parte del caso conocido como “Gánsters de la Política”, donde la Fiscalía investiga una supuesta organización criminal que habría operado para capturar la ONPE y el CNM, con el fin de beneficiar políticamente a determinadas agrupaciones. Según las investigaciones, la red habría manipulado procesos internos de selección de autoridades y facilitado la inscripción de Podemos Perú mediante prácticas fraudulentas.
Acusaciones previas contra José Luna Gálvez
El congresista José Luna Gálvez ya ha sido vinculado anteriormente a otros casos emblemáticos. Actualmente enfrenta una investigación por presuntos aportes ilegales recibidos por el partido Solidaridad Nacional —del que también fue líder— por parte de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Esos fondos habrían sido destinados a las campañas electorales de los años 2011 y 2014, y forman parte del caso Lava Jato en Perú.
En el caso actual, la Fiscalía busca determinar si existió una estrategia coordinada desde el interior de los órganos electorales y judiciales para permitir el ingreso irregular de Podemos Perú al sistema político, mediante favores, contactos, y uso indebido de influencias. La figura de Cavassa es clave en esta trama, dado su historial en procesos similares vinculados a la ONPE.
Seguirá investigado
José Luna Gálvez continuará siendo investigado por el Poder Judicial en los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y Los Gánsteres de la Política. El pasado 28 de mayo, la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima revocó una resolución de primera instancia que anulaba dichas pesquisas. Esta decisión deja sin efecto el habeas corpus que había sido presentado por el congresista y que fue declarado fundado por un juez, quien alegó una presunta vulneración a su derecho al debido proceso.
La sentencia inicial consideraba que la Fiscalía no había solicitado el levantamiento del antejuicio al Congreso antes de iniciar las investigaciones, lo que, según el juez, vulneraba las garantías procesales del parlamentario. No obstante, la sala superior rechazó este argumento y restableció el curso de las indagaciones que involucran a Luna Gálvez en graves casos de presunta corrupción y organización criminal.
Con este nuevo fallo, el congresista aún tiene la opción de apelar ante el Tribunal Constitucional, pero por el momento las investigaciones fiscales seguirán su curso. La resolución refuerza la posición del Ministerio Público para avanzar en las diligencias por su presunto rol en el copamiento de la ONPE, vínculos con empresas brasileñas y contactos con redes judiciales como Los Cuellos Blancos.
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