José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú, la tercera bancada con más congresistas en el Parlamento peruano, acaricia el sueño de llegar a la Presidencia de la República. El pasado 24 de abril, el juez Juan Carlos Núñez Matos anuló tres investigaciones importantes que lo vinculaban con lavado de activos, organización criminal y pago de sobornos, allanando así su camino hacia las elecciones presidenciales.
El fallo al que accedió Punto Final surgió tras la presentación de un habeas corpus el 20 de enero, impulsado por su abogado Miguel Ángel Soria. Luna Gálvez argumentó que las investigaciones vulneraban el antejuicio político, un mecanismo que protege a los congresistas por cinco años ante delitos presuntamente cometidos durante su gestión. Según su defensa, el Ministerio Público no respetó esta prerrogativa.
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Es en esa línea que el juez correspondiente al Primer Juzgado Constitucional de Lima declara no solo declara fundado el recurso a favor del legislador, sino que dispone la nulidad de las investigaciones y “ordena a los fiscales demandados abstenerse de investigar al beneficiario José León Luna Gálvez, sin antes cumplir con lo establecido en el Artículo 99° de la Constitución Política”.
Las acusaciones anuladas
El proceso judicial deja en el aire tres escándalos. El primer caso apuntaba a un aparente vínculo con la trama Lava Jato, debido a una transferencia de S/ 180 mil de su desaparecida Universidad Privada Telesup a la cuenta del fallecido Luis Castañeda Lossio entre 2013 y 2015.
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Una segunda acusación lo involucraba con el exconsejero del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera Ramos —parte de la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”—, a quien habría pagado S/ 912 mil mediante su centro educativo en supuestas operaciones ilícitas; mientras que el tercer caso describía a Luna Gálvez como el cabecilla de “Los Gánsteres de la Política”, una red que presuntamente habría pagado millonarios sobornos a miembros del mismo Consejo con el fin de asegurar la inscripción de su partido y posicionar a un jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) favorable a sus intereses electorales.
La anulación de estas investigaciones, fruto de meses de trabajo policial y fiscal, desencadenó la indignación del Ministerio Público, principalmente por la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso. En solo dos meses, Núñez Matos admitió y resolvió el habeas corpus a favor de Luna Gálvez. Esto generó reacciones entre expertos, como el abogado penalista Vladimir Padilla, quien recordó que investigaciones similares contra altos funcionarios, como Dina Boluarte y Pedro Castillo, no requirieron un levantamiento previo de antejuicio para avanzar.
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Por su parte, el fiscal Mirko Cano afirmó que el antejuicio político “no es un escudo absoluto” y que los delitos por los que se investigaba a Luna no estaban relacionados con su condición de congresista. Además, dejó claro que las investigaciones ya estaban muy avanzadas, con pruebas consistentes y testimonios corroborados por colaboradores eficaces.
Esta no es la primera vez que las decisiones del juez Núñez Matos generan polémica. En 2024, suspendió mediante medida cautelar una investigación contra Miguel Arévalo, alias “Eteco”, un acusado de tráfico ilícito de drogas. Su actuación en el caso de Luna Gálvez ha reavivado las críticas sobre presuntas irregularidades en el sistema judicial.
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Apelación del Ministerio Público en marcha
El Ministerio Público no se ha quedado de brazos cruzados. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima tendrá que decidir si revoca o mantiene el fallo que beneficia al líder de Podemos Perú. Según Mirko Cano, el recurso presentado tiene fundamentos sólidos y espera que los jueces emitan una resolución en la quincena de julio.
A pesar de la creciente presión mediática y política, ni José Luna Gálvez ni su abogado han declarado sobre el tema. El congresista ha optado por el silencio, mientras que sectores de la oposición exigen explicaciones sobre las razones detrás del fallo que lo favorece.
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