Odebrecht pide a Perú la devolución de pruebas usadas en el caso Lava Jato: abogado de Nadine Heredia lo explica

La empresa brasileña Novonor, antes conocida como Odebrecht, ha solicitado formalmente a la justicia de su país que el Estado peruano devuelva los “medios probatorios” utilizados en los procesos judiciales del caso Lava Jato. Así lo reveló David León, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, en declaraciones brindadas a RPP Noticias.

El pedido ha abierto un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción más grande en la historia reciente del Perú, que ha salpicado a expresidentes, altos funcionarios y partidos políticos de distintas tendencias. La solicitud de Odebrecht apunta directamente al corazón de las investigaciones fiscales: las plataformas digitales My Web Day B y Drousys, utilizadas para rastrear pagos ilícitos a través de la red de corrupción montada por la constructora.

Según explicó León, Novonor considera que hubo un incumplimiento por parte del Estado peruano en el acuerdo de lenidad suscrito entre la empresa y las autoridades del Perú, en el marco de la colaboración eficaz. Este tipo de acuerdos son mecanismos judiciales que permiten a empresas o personas cooperar con las investigaciones a cambio de beneficios penales, como la reducción de penas o multas.

De acuerdo con la defensa legal de Heredia, las pruebas solicitadas por Novonor incluyen documentos internos y declaraciones de funcionarios extraídas de las plataformas My Web Day B y Drousys, herramientas digitales que la empresa brasileña utilizó para registrar el pago de sobornos en diversos países.

Para el abogado de Heredia, el origen de dichas pruebas es exclusivamente brasileño y no habría sido debidamente validado en el Perú. León subrayó que, en su país de origen, las evidencias derivadas de estos sistemas han sido puestas en duda e incluso anuladas en ciertos casos por no cumplir con el debido proceso.

“Lo que estamos advirtiendo es que en Brasil ya existe una controversia jurídica sobre la forma en que estas pruebas fueron obtenidas, su autenticidad y su cadena de custodia. No basta con que Perú las utilice sin revisar si el procedimiento se ajustó a los estándares legales internacionales”, sostuvo León.

Además, criticó el papel del fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato en Perú, señalando que no se realizó un análisis forense completo en territorio peruano, ni se respetó la cadena de custodia exigida por la justicia brasileña. Según León, eso debería invalidar su uso en el proceso contra su clienta.

La ex primera dama Nadine Heredia y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, fueron condenados en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos, tras demostrarse que habrían recibido casi 3 millones de dólares de Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar campañas políticas en 2006 y 2011.

Durante el juicio, las plataformas My Web Day B y Drousys fueron fundamentales para sustentar la tesis del Ministerio Público, al detallar los pagos realizados por Odebrecht y su distribución entre intermediarios y beneficiarios peruanos.

Con la reciente solicitud de Novonor ante la justicia brasileña, se abre la posibilidad de que una parte sustancial de las pruebas sea cuestionada o incluso retirada de los procesos judiciales en Perú, si las cortes peruanas reconocen que se violaron los términos del acuerdo de colaboración o que no se garantizó el debido proceso.

Aunque el pedido fue hecho por la empresa en Brasil, sus implicancias podrían tener un efecto directo en los procesos judiciales peruanos. Si se declara la invalidez de las pruebas en Brasil y el Perú acepta el argumento, los fiscales peruanos perderían una parte crucial de la evidencia que respalda los casos no solo contra Heredia y Humala, sino también contra otros investigados por el escándalo Lava Jato.

Especialistas en derecho penal han advertido que, aunque la justicia peruana no está obligada a seguir decisiones extranjeras, un eventual retiro de las pruebas por parte de Brasil podría dar lugar a nulidades procesales, especialmente si se demuestra que el acuerdo de colaboración fue violado.

Odebrecht (hoy Novonor) firmó en 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con Perú, comprometiéndose a brindar información, testigos y documentación clave a cambio de beneficios judiciales. Gracias a ese acuerdo, la Fiscalía accedió a los registros digitales internos que detallaban la ruta de pagos ilícitos a diversos políticos.

La empresa enfrenta también una serie de litigios en Brasil, donde algunos tribunales han empezado a anular pruebas por irregularidades en su recopilación, lo que estaría motivando este nuevo intento de blindaje jurídico internacional por parte de Novonor.

Por ahora, el Ministerio Público no se ha pronunciado oficialmente sobre el pedido de devolución de pruebas, pero se espera que el Equipo Especial Lava Jato reaccione en los próximos días, dado el impacto potencial sobre los casos más emblemáticos de corrupción en el país.