Mujer muere tras dar a luz en Arequipa: padre denuncia negligencia y acusa a médico de olvidarse retirar la placenta

En la tarde del 8 de julio, Eliana Rosa Flores Romero, una ingeniera llena de ilusiones por convertirse en madre, ingresó a la Clínica Sanna en Yanahuara, Arequipa, para dar a luz a su primer hijo. Lo que debía ser un momento de alegría se convirtió en una pesadilla. Según su padre, Jesús Flores, una serie de errores médicos, incluida la omisión de retirar la placenta, provocó una hemorragia incontrolable que terminó con su vida. Ahora, la familia exige justicia y solicita donaciones de leche materna para el bebé de tres días, quien quedó huérfano.

Eliana, de 33 años, llegó a la clínica a las 5:00 p.m. del martes 8 de julio, sana y lista para un parto natural. Tras horas de labor, dio a luz a las 3:00 a.m. del miércoles a un bebé sano de cuatro kilos. Todo parecía ir bien, pero la tragedia comenzó a gestarse en los minutos posteriores. Según el testimonio de Jesús Flores, el personal médico descuidó a su hija, aparentemente por atender a otra paciente, dejando la placenta en su útero.

“Mi hija ingresó en perfectas condiciones, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los médicos. Pero se olvidaron de sacarle la placenta. Cuando intentaron hacerlo, le desgarraron el útero y comenzó a desangrarse sin control”, relató Jesús.

Una cadena de errores fatales

El descuido inicial desencadenó una serie de fallos. Jesús Flores asegura que, al notar la hemorragia, el esposo de Eliana pidió una unidad de sangre, pero el personal del banco de sangre de la clínica se la negó por “trámites administrativos” que no podían resolverse a las 3:00 a.m. La hemorragia continuó por horas sin atención adecuada. A las 7:00 a.m., Eliana sufrió su primer paro cardíaco.

Desesperados, los médicos decidieron trasladarla a la Clínica Auna, pero el daño ya era irreparable. En el trayecto, Eliana sufrió un segundo paro. Ya en Auna, un tercer paro cardíaco de ocho minutos selló su destino. A las 2:00 p.m., los médicos informaron a la familia que, de sobrevivir, Eliana quedaría en estado vegetal. A las 5:30 p.m., falleció en agonía frente a su madre.

“Me la mataron. Mi hija era una profesional con sueños, y ahora su hijo no tendrá madre. Esto no puede quedar impune”, expresó Jesús, mostrando el certificado de defunción que indica “falla multiorgánica” como causa de muerte.

Frente a esto, la familia presentó una denuncia por presunta negligencia médica en la comisaría de Santa Marta, en Yanahuara. La fiscalía inició una investigación, incluyendo una necropsia de ley para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Este caso se suma a otras denuncias de negligencia médica en Arequipa. En 2022, por ejemplo, el hospital Yanahuara de EsSalud reportó cuatro muertes maternas, atribuidas a la sobrecarga de pacientes y la falta de personal especializado.

Violencia obstétrica: un problema estructural

La muerte de Eliana pone en evidencia un problema más amplio: la violencia obstétrica. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, esta forma de violencia, que incluye negligencias, omisiones y tratos indignos durante el parto, sigue siendo una agenda pendiente en el país. Un informe de 2020 señaló la falta de políticas públicas y presupuestos específicos para abordar esta problemática, que afecta especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, como las de comunidades rurales o indígenas.

La violencia obstétrica es reconocida internacionalmente como una violación a los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud la define como “negligencia hacia las mujeres durante el parto, que deriva en complicaciones potencialmente mortales, pero evitables”. En América Latina, casos como el de Cristina Brítez en Argentina, donde una mujer falleció por una atención inadecuada, han llevado a sentencias históricas que clasifican la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.

En Perú, iniciativas como el Proyecto de Ley N.° 3564, presentado en 2022 por la congresista Katy Ugarte, buscan sancionar la violencia obstétrica con hasta 12 años de cárcel, incluyendo prácticas como cesáreas innecesarias o negligencias graves. Sin embargo, estas propuestas aún esperan debate en el Congreso.