El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por cargos de rebelión y corrupción, solicitó este jueves la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos ante lo que calificó como una “escalada intolerable de persecución política” en contra de su ex primera ministra, Betssy Chávez, recluida actualmente en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Castillo expresó su respaldo a la exjefa de Gabinete, quien, según afirmó, “ha tenido el coraje de denunciar ante las autoridades judiciales la existencia de una organización criminal al interior” de la cárcel donde se encuentra recluida.
De acuerdo con la denuncia de Chávez, esta presunta red estaría implicada en delitos como “chantaje sexual, cobros ilegales por acceso a celdas, restricciones selectivas a las visitas, y la imposición de toques de queda sin sustento legal”. La situación habría alcanzado niveles críticos con la acusación de un posible intento de asesinato.
El exmandatario advirtió que “lo más alarmante es que Chávez ha señalado que su vida corre peligro al haberse puesto en marcha un posible intento de eliminación física en su contra”.
Castillo responsabilizó a la administración de su exaliada política, Dina Boluarte, por permitir estos hechos, a los que calificó como “crímenes de Estado” y reiteró que tanto él como otros líderes de su gestión siguen siendo víctimas de una ofensiva política impulsada por lo que denomina “la dictadura que hoy gobierna el Perú”.
“Desde mi injusta reclusión, me dirijo al país y a la comunidad internacional para expresar mi total solidaridad con la que en mi gobierno fue presidenta del Consejo de Ministros”, señaló Castillo, recluido desde diciembre de 2022 después de intentar un autogolpe de Estado.
De igual modo, invocó a la Defensoría del Pueblo, así como a movimientos sociales y a la ciudadanía, a que “acudan de inmediato a verificar la situación, brinden garantías a su integridad y exijan el cese de estos crímenes de Estado”.
Chávez estuvo al lado de Castillo en el Palacio de Gobierno cuando el expresidente anunció el cierre del Congreso, un gobierno de emergencia y la intervención del Poder Judicial el pasado 7 de diciembre de 2022, y había pedido a todo el gabinete que acuda a la casa de gobierno porque se trataba de un “día histórico”.
Denuncias
Desde 2023, la ex primera ministra afirmó que era víctima de “actos de hostigamiento” en la prisión y que se le pidió firmar una carta en la que asegura que no sufre torturas, una denuncia que fue negada “enfáticamente” por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Fue detenida en junio de ese año en su domicilio en la ciudad sureña de Tacna después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la petición del Ministerio Público, que la investiga por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración, en agravio del Estado.
En su resolución, la Sala Suprema rechazó aplicar la misma medida a los exministros del Interior Willy Huerta y de Comercio Roberto Sánchez, también investigados por su presunta participación en el fallido intento de golpe.
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