“No duplicamos funciones ni generamos gastos nuevos”: Enrique Fernández, director de la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad

En los últimos meses, el Congreso de la República ha sido blanco de cuestionamientos por el presupuesto asignado al retorno de la bicameralidad y la transparencia de sus procesos de contratación. Pese a que durante el debate de su retorno algunos parlamentarios mencionaron que no generaría mayores gastos, reportes periodísticos alertaron sobre el millonario gasto proyectado – S/180 millones – para implementar el sistema bicameral, así como el uso de fondos públicos en oficinas temporales y contrataciones cuestionadas.

En este escenario, Infobae Perú remitió un cuestionario a Enrique Fernández, director ejecutivo de la Unidad Ejecutora Bicameralidad (UEB). No solo abordó las principales críticas y dudas sobre la función, los recursos y la transparencia de este órgano técnico creado para transformar la infraestructura legislativa de país, sino las críticas en su contra ante su salida como director del Proyecto Especial Legado presuntamente por no concluir obras de los Juegos Bolivarianos 2024 y presencia de personas en la UEB que —coincidentemente-también fueron parte de ese proyecto.

—¿Está la UEB duplicando funciones existentes en el Congreso?

La UEB fue creada por la Ley N.º 32172 con un propósito muy claro: implementar, en un plazo limitado, toda la infraestructura que exige el nuevo modelo bicameral. No reemplazamos ni duplicamos oficinas existentes; somos un equipo técnico temporal especializado, creado solo para este proyecto y sin interferir en la estructura regular del Congreso.

—El Congreso dijo que no iba a gastar ni un sol más para implementar la bicameralidad, ¿cómo se explica entonces este presupuesto de 180 millones?

Este presupuesto no representa un gasto adicional. Los S/180 millones están dentro del presupuesto institucional del Congreso, que equivale a menos del 0.6% del Presupuesto General de la República. No hemos exigido recursos adicionales.

Este presupuesto permitirá la adecuación integral del Palacio Legislativo (renovación eléctrica, sanitaria, climatización, sistema antiincendios, áreas de trabajo), la mejora tecnológica (servidores, data center, comunicaciones, videovigilancia, control de accesos) y el diseño y construcción de un nuevo edificio en la Av. Abancay con Jr. Junín. Además, existen proyectos en evaluación, como una biblioteca legislativa y un archivo central.

Además, se está evaluando la oportunidad de construir la biblioteca legislativa, implementar un archivo central y la adecuación de un nuevo edificio que tendría como finalidad buscar la integración de las oficinas del Congreso en un recinto seguro.

—¿Era imprescindible una nueva infraestructura para implementar la bicameralidad?

Con Diputados y Senadores, las demandas físicas y logísticas crecen: más sesiones, comisiones, oficinas y equipos. La bicameralidad exige ambientes seguros, funcionales, accesibles y modernos. No realizar estas adecuaciones en este momento generaría sobrecostos en el futuro.

—¿Por qué alquilar una oficina tan alejada del Centro de Lima por S/40 mil al mes?

La UEB requería un espacio listo para uso inmediato, completamente equipado para integrar a los equipos técnicos en un solo lugar. No existía ningún local disponible en el Congreso con estos requisitos y reunirnos en oficinas dispersas o recurrir al trabajo remoto habría puesto en riesgo el plazo del proyecto.

Por eso optamos, tras una evaluación entre nueve alternativas, por un coworking que incluye mobiliario, servicios, seguridad y estacionamiento. Elegimos la opción de menor costo, completamente transparente, ajustada a la Ley de Contrataciones. Es un arrendamiento temporal, solo mientras dure la transición a la bicameralidad. Incluye el espacio, mobiliario, luz, agua, seguridad, limpieza, estacionamientos y equipamiento.

—¿Por qué lo alquilaron de manera directa y no mediante un procedimiento de contratación regular?

La modalidad está prevista en la Ley de Contrataciones (Ley 30225) y permite actuar con celeridad y eficiencia cuando se trata de necesidades inmediatas. En nuestro caso, la elección se publicó en SEACE, se recibieron nueve propuestas y se eligió la de menor precio. Todo el procedimiento y sus documentos son públicos”.

—¿Por qué usan un procedimiento diferente al de la Ley de Contrataciones?

El procedimiento que seguimos fue aprobado por la Mesa Directiva del Congreso. Este procedimiento es más expeditivo, pues busca atender la necesidad de intervención puntual en determinados activos en el corto plazo que resta hasta julio 2026, con fases y filtros adecuados que promueven la libre participación y selección del proveedor bajo criterios técnicos y económicos.

Este proceso de contratación se divide en fases: primero se realiza la expresión de interés para incentivar la participación de proveedores (incluyendo la difusión en prensa, redes sociales, gremios y el evento roadshow, entre otros), luego los proveedores interesados presentan sus documentos para la precalificación y finalmente los proveedores precalificados presentan sus propuestas técnicas y económicas, otorgándose la buena pro a la mejor oferta. Cada paso está documentado y está diseñado para garantizar eficiencia, transparencia y valor por dinero.

—¿Es posible fiscalizar estos contratos?

Todo lo que hacemos es verificable. El portal de la UEB en la web del Congreso (https://www.congreso.gob.pe/ue-implementacion-bicameralidad/) publica el procedimiento de contratación, bases, contratos, cronogramas, grabaciones de roadshows y sesiones de consulta. La transparencia aquí no es un discurso, es una práctica.

—Si es así, ¿por qué el video del roadshow —de fecha 22 de abril— junto a empresarios se encuentra oculto? ¿Por qué el registro de visitas en el portal de transparencia no está habilitado?

El evento del 22 de abril no fue un acto reservado ni confidencial. Este evento fue convocado públicamente a través del portal institucional del Congreso de la República, redes sociales, medios de prensa, entre otros.

Respecto al registro de visitas, se solicitó formalmente la habilitación del sistema a la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de garantizar que toda la información esté disponible de forma oportuna y conforme a la normativa vigente de acceso a la información pública. Una vez habilitado se realizará el registro correspondiente.

Antecedentes y procedencia del equipo

Consultado por su los cuestionamientos hacia su gestión en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 y la resolución ministerial 330-2024-PCM que da por concluido —un día antes de la inauguración— su paso en la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Legado, negó haber sido despedido.

“En cinco meses se logró cumplir labores que, en otros contextos, toman más de un año. El presidente del Comité Olímpico Peruano calificó al evento como el mejor de la historia del Perú. Además, la ciudadanía ayacuchana vivió un evento que combinó deporte, orgullo nacional y desarrollo territorial. Entonces, más allá de titulares o versiones imprecisas, los hechos están ahí y hablan por sí solos”, expresó.

Sobre los profesionales que fueron parte de su gestión en Legado y también están presentes en la UEB mencionó que “cada uno de ellos fue evaluado con criterios técnicos, en función de su experiencia y competencias”.

“La coincidencia de perfiles de algunos profesionales que laboraron en proyectos como los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el Proyecto Especial Legado es porque son profesionales con experiencia comprobada en gestión pública eficiente, contratos colaborativos y estándares internacionales de calidad. Se ha conformado el mejor equipo posible para asegurar una ejecución rigurosa, profesional y libre de improvisaciones”, agregó.

Consultado sobre la rápida contratación del personal que pasó de 9 en febrero a 46 en mayo, mencionó que responde a la magnitud del encargo. “Se ha realizado ciñéndose al procedimiento aprobado por el Congreso, dentro del presupuesto institucional. Esta inversión en capital humano no es un gasto innecesario”, sentenció.