Un mejor suelo para crecer

Las elecciones han dejado una primera señal positiva para los mercados. La expectativa de una mayor estabilidad política ha permitido recuperar parte de la confianza de inversionistas y empresas, una condición indispensable para que la inversión privada vuelva a dinamizar la economía. Sin embargo, esa confianza no es permanente ni automática. Solo se consolidará si el próximo gobierno demuestra capacidad de ejecución, establece reglas claras y convierte sus propuestas en resultados concretos.

En materia de vivienda, durante años hemos concentrado la discusión en ampliar los bonos o facilitar el acceso al crédito. Ambas herramientas son necesarias, pero no resuelven por sí solas el problema. La principal limitación para desarrollar vivienda formal continúa siendo la escasez de suelo urbano habilitado.

Desde el sector privado lo vemos constantemente: existen familias que necesitan vivienda, promotores dispuestos a construir y capital disponible para financiar proyectos. Sin embargo, muchas iniciativas no avanzan porque los terrenos carecen de servicios básicos, tienen problemas de titulación, no cuentan con una zonificación adecuada o dependen de obras de infraestructura que nunca llegan a ejecutarse.

Por eso, la propuesta de crear una Agencia Nacional de Gestión de Suelo apunta en la dirección correcta. Su éxito, no obstante, dependerá de que no se convierta en una nueva entidad burocrática. Su función debería ser transformar terrenos estatales o comunales en suelo efectivamente apto para construir: saneado legalmente, conectado a la ciudad y con acceso a agua, desagüe, electricidad y vías.

La diferencia entre disponer de un terreno y disponer de suelo urbano puede parecer técnica, pero tiene enormes consecuencias económicas y sociales. Cuando las ciudades no producen suficiente suelo formal, las familias no dejan de buscar vivienda. Terminan recurriendo a ocupaciones informales, normalmente alejadas de los centros de trabajo y en zonas donde posteriormente resulta mucho más costoso instalar servicios públicos.

El resultado es un modelo absurdo: primero permitimos que las ciudades crezcan de manera desordenada y luego gastamos recursos públicos tratando de corregir lo que pudo planificarse desde el inicio.

La vivienda social tampoco debe entenderse únicamente como un subsidio. Bien diseñada, es una política capaz de movilizar inversión privada, generar empleo formal, activar la construcción, incrementar la demanda de materiales y dinamizar las economías regionales. Cada sol público destinado a preparar suelo o financiar infraestructura puede facilitar una inversión privada considerablemente mayor.

Además, una vivienda formal permite a una familia construir patrimonio, acceder a servicios, mejorar su seguridad jurídica y disponer de un activo que puede ser transferido a la siguiente generación. Ese impacto es especialmente importante en las regiones, donde el déficit habitacional convive con una limitada oferta de proyectos formales.

El reto del próximo gobierno no debería medirse por la creación de una nueva agencia ni por el anuncio de presupuestos más elevados. Debería medirse por resultados: cuántas hectáreas de suelo urbano se habilitan, cuántas viviendas se construyen, cuánto se reducen los plazos de aprobación y cuántos proyectos llegan efectivamente a las familias.

“La confianza de los inversionistas puede recuperarse rápidamente, pero también puede perderse con la misma velocidad.” En vivienda, la mejor señal no será un anuncio, sino demostrar que el Estado puede preparar el terreno para que la inversión privada haga el resto.