Municipalidad de Surco desaloja a 12 familias y demuelen sus hogares para construir un parque

Doce familias fueron desalojadas de un terreno público en el asentamiento humano Señor de los Milagros, ubicado en la intersección con la avenida Petit Thouars, en el distrito de Surco, este viernes 20 de junio. De acuerdo con la Municipalidad de Surco, en el espacio, de aproximadamente 900 metros cuadrados, se construirá un parque y un área común para la comunidad. Sin embargo, los afectados denuncian que el desalojo se llevó a cabo de manera arbitraria y que muchas personas, incluidas menores de edad, adultos mayores y discapacitados, quedaron sin vivienda y con sus pertenencias en la vía pública.

Los moradores sostienen que, a pesar de no poseer título de propiedad ni constancia formal de posesión, habían llegado a un acuerdo con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y pagaban sus arbitrios regularmente hasta el año 2001. Aseguran que este pago se vio luego interrumpido por disposición municipal. El terreno en disputa ha sido tema de controversia por más de 40 años y, según los vecinos, el conflicto se origina tras una reubicación ocurrida hace más de 35 años, cuando —afirman— no se les notificó que el predio estaba destinado para un parque. “Nos reubicaron aquí con engaños”, afirman algunos de los afectados, quienes indican que Cofopri registró sus pagos y que cuentan con documentos que podrían probar su permanencia legal en el lugar.

Este jueves, los residentes fueron sorprendidos en horas de la madrugada por la llegada del personal municipal, que procedió a la demolición de las viviendas. Entre reclamos y registros grabados en video, familiares denunciaron agresiones y reclaman que no tienen a dónde trasladarse: “Al señor, a mi tío, que están ahorcándole, lo han ahorcado. Se pasa riendo. Nosotros somos menores de edad, nos han empujado. Tenemos video”, relató una de las vecinas afectadas.

El subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Surco ofreció detalles sobre el operativo realizado en el asentamiento humano Señor de los Milagros. Señaló que la intervención se ajusta a las normas y que el terreno está reconocido como espacio público inscrito en registros públicos, y, por tanto, es inalienable, imprescriptible y embargable.

“Esto no es un desalojo, es una ejecución de una medida correctiva de demolición, de un área que está inscrita en registros públicos, con un espacio público, considerado para un parque, lo cual es inalienable, imprescriptible y embargable”, declaró el funcionario. Asimismo, recordó que la municipalidad inició el procedimiento administrativo en abril de este año, brindando un plazo de treinta días hábiles para el retiro voluntario de las familias ocupantes.

De acuerdo con el representante municipal, el proceso incluyó la notificación correspondiente y la apertura de un plazo adicional de siete días, vencido este lunes. “Ellos ya habían retirado sus cosas pacíficamente. En lo que hemos venido hoy día es consolidar la acción de demolición y asimismo empezar las acciones para la ejecución del parque. Desde un inicio hemos dado el plazo correspondiente para que puedan retirarse voluntariamente”, aseguró el subgerente municipal.

Los vecinos desalojados señalan que la situación los ha dejado en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin acceso a soluciones habitacionales alternativas. “Se está sacando aún las cosas, no se ha sacado la totalidad, y sí, ciertamente hay niños, adultos mayores, discapacitados también y todavía se están sacando las cosas”, describió uno de los representantes de las familias afectadas.

El mismo vocero vecinal sostuvo que a pesar de haber solicitado diálogo con las autoridades distritales, no recibieron respuesta. “Solicitamos hablar con el alcalde de Surco, pero nunca nos aceptaron la cita, nunca nos respondieron para la cita con el alcalde. Esto para pedir una negociación, una ayuda, una forma para que nos reubiquen para algo de ayuda porque no tenemos donde ir”, relató.

En cuanto al pago de arbitrios e impuestos, los vecinos indican que cuentan con documentos que prueban su relación administrativa con Cofopri y el municipio. “Sí, solo que nos ayuden con la inicial o algo, de alguna manera que nos ayude, ya que nos botan de un lugar en el que estamos más de 35 años, que recibir alguna ayuda de asistenta social o de parte del alcalde, de parte de la municipalidad”, concluyó uno de los residentes. Los afectados solicitaron la intervención de las autoridades judiciales para esclarecer la situación y obtener una solución que respete sus derechos y necesidades básicas.