
Frente a cualquier acontecimiento que amenace con alterar la estabilidad de las políticas económicas, es mejor tener la cabeza fría. Mantener la calma, tomar decisiones racionales y objetivas, libres de miedos o apasionamientos. De lo contrario, podríamos optar por caminos que vayan en contra del interés público y de la sociedad en su conjunto.
En los últimos meses, en el marco de la guerra comercial entre EE. UU. y China, algunos funcionarios del gobierno de Trump han hecho declaraciones sobre la influencia de China en América Latina. Cuestionan la actividad público-privada del gigante asiático y su participación en la región en sectores estratégicos como infraestructura y energía. Recientemente, se habría lanzado una advertencia al Perú, señalando que China representa una amenaza para la paz y la seguridad de la región.
Así, el gobierno norteamericano estaría buscando aliados en su objetivo de recuperar la hegemonía global que en algún momento tuvo, sin considerar las repercusiones sobre los países a los que considera socios estratégicos. Colocar en una encrucijada a los países de la región no tiene sentido. Más allá de la soberanía y el Estado de derecho que debe primar en todos los países, economías en desarrollo como el Perú no están en condiciones de discriminar entre países por recomendaciones o alertas de otros.
En el caso del Perú, EE. UU. y China son sus principales socios comerciales. El gigante asiático es el destino del 34% de nuestros envíos al mundo. Tiene inversiones acumuladas en nuestro país por más de US$ 31,000 millones, principalmente en minería, energía e infraestructura. Por ejemplo, en el caso de la actividad minera, el 100% de la producción de hierro es manejado por compañías de capital chino; mientras que alrededor del 30% de la producción de cobre es responsabilidad de dos grandes minas operadas por empresas chinas.
EE. UU. es el principal destino para nuestras agroexportaciones. En 2024, representaron más del 35% de nuestros envíos al mundo. Adicionalmente, del total de remesas del exterior, alrededor del 50% proviene de EE. UU., cerca de US$ 2,423 millones el año pasado, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú. En 2023, las inversiones de capital norteamericano están presentes en sectores como minería, tecnología y finanzas, con un valor superior a los US$ 6,600 millones. A lo anterior, bien podríamos sumar la relación de cooperación histórica en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Si de recuperar espacios en países como el Perú se trata, el gobierno norteamericano bien podría darnos una mano para, por ejemplo, cerrar la brecha de infraestructura, calculada en US$ 110,000 millones a 2038, involucrándose directamente en la administración o desde la asistencia técnica, el diseño, la ingeniería o incluso la construcción. Independientemente de las deficiencias institucionales que caracterizan a la administración pública en nuestro país —que imposibilitan ejecutar proyectos con celeridad—, el manifiesto de empresas norteamericanas por participar en el cierre de brechas sería un aporte importante.
El Perú no se puede dar el lujo de escoger entre uno u otro. El dinamismo de nuestra economía depende, en gran medida, de la inversión privada —local y extranjera—, venga de quien venga, siempre que se respeten las reglas de juego.

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