El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará el 6 de junio a las 9:30 de la mañana si el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) retiró correctamente al expresidente Martín Vizcarra del padrón de afiliados de Perú Primero.
Como se recuerda, en abril de este año, el ROP dispuso ejecutar las resoluciones del Congreso con las que se inhabilitó por 10 y 5 años al exmandatario, y eliminó su afiliación del partido que fundó. Contra esta decisión, el personero de Perú Primero presentó una apelación buscando el regreso del exjefe de Estado al padrón de afiliados.
El partido sostiene que las Resoluciones Legislativas N° 020-2020-2021-CR y N° 016-2021-2022-CR, que sancionan políticamente a Vizcarra no prohíben su afiliación a un partido político, ya que “los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado”.
Además, se critica que la dirección nacional del ROP actuó de oficio, sin emitir una resolución que exponga las bases legales y argumentos que justifiquen el retiro de Vizcarra.
Perú Primero argumenta que la inhabilitación no suspende el derecho de participación política reconocido en la Constitución y que la sentencia del Tribunal Constitucional que se invoca para justificar la exclusión del expresidente no establece la exclusión de padrones como parte de la sanción.
Denuncian a encuestadora que incluyó a Martín Vizcarra
El expresidente Martín Vizcarra ha sido designado como candidato presidencial para las Elecciones Generales de 2026 por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido, Perú Primero, a pesar de las dos inhabilitaciones que le impuso el Congreso de la República. Esta decisión ha generado una denuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por parte del militante aprista Luis Miguel Caya, quien exige sanciones contra la encuestadora Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública SAC (CPI) por incluir a Vizcarra como opción en su más reciente sondeo electoral.
La la encuesta de CPI mostró que un 15,1% de los peruanos votaría por Vizcarra si las elecciones se realizaran en la actualidad. Esta cifra ha motivado la reacción de Caya, quien sostiene que la inclusión del exmandatario en la encuesta resulta ilegal, ya que se encuentra inhabilitado para ejercer función pública, además de haber sido excluido del padrón electoral de Perú Primero.
En el documento presentado al JNE, el abogado solicita la apertura de un procedimiento de fiscalización inmediata contra la encuestadora y pide que se tomen medidas correctivas, así como sanciones si corresponde.
El militante aprista también ha solicitado que el órgano electoral emita un pronunciamiento público para dejar en claro que Martín Vizcarra no puede postular ni figurar como opción electoral válida, debido a las dos inhabilitaciones vigentes. Caya advierte que, de no acatarse esta disposición, las empresas encuestadoras podrían enfrentar sanciones.
La denuncia de Luis Miguel Caya no constituye un hecho aislado. El militante aprista ha seguido de cerca las actividades y movimientos de Vizcarra, incluyendo la solicitud que llevó a la dirección nacional del ROP del JNE a retirar al exmandatario del padrón de afiliados de Perú Primero.
Además, Caya utiliza su cuenta de X (antes Twitter) para comentar sobre las acciones de Vizcarra, como el proceso judicial por presuntas coimas en el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua y las giras políticas que realiza en el interior del país.
Vizcarra se defiende
Por su parte, Martín Vizcarra ha defendido su postulación y sostiene que las inhabilitaciones impuestas por el Congreso vulneran su derecho a participar en el proceso electoral. En entrevista con Exitosa, Vizcarra afirmó: “Están afectando mi derecho a participar como candidato a la Presidencia de la República. Es más, el CEN de Perú Primero en reunión ha acordado designarme como candidato”. El exmandatario explicó que el partido tomó la decisión de postularlo bajo el compromiso de respetar las leyes y buscar mecanismos para levantar las sanciones que le impiden ejercer cargos públicos.
Las dos inhabilitaciones que enfrenta Martín Vizcarra fueron impuestas por el Congreso peruano. La primera se relaciona con la vacunación irregular con dosis de Sinopharm, mientras que la segunda corresponde al ocultamiento de vínculos con una empresa asociada a Obrainsa. Estas sanciones han sido el fundamento de las acciones legales y políticas que buscan impedir su participación en las próximas elecciones.
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