Las relaciones multilaterales entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia tienen un marco institucional que cumple más de medio siglo. La Comunidad Andina (CAN), fundada en 1969 bajo el nombre de Pacto Andino, surgió como un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida mediante la cooperación regional. A lo largo de los años, sus objetivos se han ido ajustando a las realidades económicas y sociales de la región. Este 26 de mayo, en el Día de la Integración Andina, el Gobierno peruano reiteró su compromiso con el bloque, señalando la importancia de avanzar hacia una integración “que fortalezca el desarrollo, la paz y el bienestar de nuestros pueblos”.
En un contexto marcado por la inestabilidad política regional y el avance del crimen organizado transnacional, la CAN busca consolidarse como una plataforma efectiva para enfrentar retos compartidos. La celebración del aniversario número 56 del Acuerdo de Cartagena sirvió como punto de reflexión para evaluar tanto los logros comerciales como los retos pendientes en materia de seguridad y cohesión social.
Las exportaciones peruanas a los países miembros ascendieron a 718 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se indicó que la integración andina permite que el Perú “fortalezca sus exportaciones, dinamice el comercio regional y genere más oportunidades para las micro, pequeña y mediana empresas del país”.
El secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, sostuvo en entrevista con RPP que el bloque enfrenta nuevas amenazas. “A raíz de los sucesos que ocurrieron a inicios del año pasado en Ecuador, el asesinato de un candidato a la presidencia, la irrupción en un estudio de una banda de criminales, los cancilleres de los cuatro países andinos adoptaron una posición, la Decisión 922, que tiene carácter vinculante”, explicó.
Una agenda común frente al crimen organizado
La Decisión 922 marca un giro en la agenda del bloque. El plan de acción aprobado incluye 13 áreas clave: lucha contra el narcotráfico, minería ilegal, lavado de dinero, acciones penitenciarias y coordinación en operaciones fronterizas.
“Si los criminales se están concertando a ese nivel transnacional, los países andinos no podían dejar de concertarse en ese mismo nivel. Y estamos avanzando”, afirmó Gutiérrez.
Este enfoque coordinado representa un intento de adaptar la arquitectura institucional de la CAN a una realidad en la que los delitos organizados superan las fronteras nacionales. La voluntad política expresada por los gobiernos ha permitido que este plan comience a ejecutarse, aunque aún persisten dudas sobre la eficacia de su implementación en el terreno.
La seguridad también fue uno de los puntos principales en la reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. “Ambos gobiernos acordaron seguir trabajando unidos a favor de sus pueblos”, indicó la Presidencia en su publicación oficial. Como parte de esta agenda, los cancilleres firmaron la “Hoja de ruta binacional para la recuperación de ambientes degradados, protección y conservación de la cuenca transfronteriza Puyango-Tumbes”.
Perspectivas comerciales y sociales
Entre los objetivos principales de la CAN se encuentra el desarrollo armónico de sus miembros en condiciones de equidad. También se busca acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo, facilitar la formación de un mercado común latinoamericano y reducir las desigualdades dentro de la subregión.
El bloque cuenta con una base cultural y geográfica compartida que refuerza la viabilidad del proyecto integrador. Los países miembros poseen una gran diversidad étnica, lingüística y artística, lo que, según sus promotores, representa una ventaja para fortalecer los vínculos y crear políticas inclusivas.
Más allá del comercio, la Comunidad Andina busca mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La consolidación de un sistema multilateral que articule esfuerzos sociales, ambientales y de seguridad aparece como un desafío inevitable para responder a los dilemas contemporáneos. La conmemoración de los 56 años del proceso andino plantea la necesidad de evaluar no solo los logros económicos, sino también el impacto concreto sobre los ciudadanos de la región.
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