A través de un comunicado en redes sociales, el partido Alianza para el Progreso (APP) aclaró que no autorizó el nombramiento del nuevo titular del Ministerio de Transportes, César Sandoval, quien se encuentra inscrito en la bancada liderada por César Acuña. En el texto difundido, la agrupación política dejó en claro que esta decisión corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.
“El partido Alianza para el Progreso no ha autorizado la designación ni la presentación del señor César Sandoval como Ministro de Estado. Su nombramiento ha sido una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo”, señala el comunicado oficial.
“No negociamos”
Además, APP destacó su postura firme en cuanto a la transparencia en la gestión pública, subrayando que desde su partido no negocian alianzas con el Gobierno. “Alianza para el Progreso no negocia ni negociará cargos públicos ni intereses con el Estado”, se lee.
En ese sentido, el partido liderado por César Acuña, anunció que la situación será evaluada por el Comité de Disciplina del partido, que determinará las acciones correspondientes.
Por otro lado, APP aseguró que actuan en defensa de la democría. “Nuestro único compromiso es con la gobernabilidad y la defensa de la democracia, principios que guían nuestra actuación política”, culmina el comunicado.
Cercanía con APP y experiencia pública
Sandoval Pozo, nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), está afiliado a Alianza Para el Progreso (APP) desde febrero de 2023, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, ejerció el cargo de secretario de la Organización de Bases Sociales del partido. Cabe destacar que no es la primera vez que se vincula con una organización política, ya que estuvo inscrito en el Apra hasta 2020.
En cuanto a su trayectoria, Sandoval Pozo tiene experiencia en el sector público, habiendo sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Óscar Vera en 2023. Asimismo, desempeñó funciones como asesor técnico en el Despacho Presidencial, brindando apoyo directo a la jefa de Estado.
Denuncias y cuestionamientos
Según un informe difundido por América Noticias, el abogado inició su carrera en el sector público durante la dictadura de Alberto Fujimori. En 1998, enfrentó una investigación por peculado y falsificación de documentos mientras desempeñaba el cargo de técnico-administrativo en Pronamachs, un proyecto estatal encargado del manejo de cuencas hidrográficas.
En 2017, el letrado fue denunciado por violencia familiar, aunque él aseguró que el caso fue archivado. El parte policial señala que el abogado agredió a su esposa en su domicilio, con episodios de violencia repetidos en varias ocasiones. A pesar de las denuncias, el abogado negó las acusaciones y defendió su inocencia.
En 2019, el abogado fue vinculado al deslacrado ilegal de oficinas del Ministerio Público, junto al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien fue condenado por intentar boicotear las investigaciones del caso Odebrecht. El letrado rechazó cualquier participación en dicho acto y afirmó que acudió a la Fiscalía por solicitud de Rosa María Venegas, exasesora de Chávarry.
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