A menos de un año de las elecciones generales de 2026, comienzan a surgir propuestas legislativas que apuntan a revisar las normas que rigen el proceso electoral en el país. Una de ellas pone en debate la vigencia del horario de la llamada “Ley Seca”, que restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas antes, durante y después de los comicios. El tema vuelve a la agenda con el argumento de que, si bien la norma busca garantizar el orden público, su aplicación podría estar generando consecuencias económicas no previstas.
La propuesta por parte del congresista Alejandro Soto, integrante de Alianza para el Progreso, plantea reducir significativamente el periodo de restricción, que actualmente dura 48 horas, para ajustarlo a una franja más breve y proporcional. La iniciativa legislativa busca conservar los principios de seguridad y transparencia electoral, sin afectar de forma desmedida a pequeños comerciantes, bodegas, restaurantes y otras actividades económicas. Este enfoque retoma experiencias de otros países de la región, donde se aplican medidas menos rígidas sin que eso haya comprometido el desarrollo de sus procesos democráticos.
Modificación al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones
El parlamentario Alejandro Soto presentó el proyecto de ley N° 10993 que modifica el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. Su propuesta consiste en limitar la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas al periodo comprendido entre las 8 de la noche del día previo a las elecciones y la medianoche del mismo día de votación. Con ello, se reduciría a 28 horas la vigencia de la medida, frente a las 48 actuales.
El legislador argumenta que esa amplitud no solo es excesiva, sino que carece de un sustento técnico que la justifique. En lugar de mantener una restricción prolongada, Alejandro Soto propone un nuevo marco más realista, que permita salvaguardar el orden sin castigar innecesariamente a quienes dependen de estas actividades para sostener su economía.
Golpe a la economía local y al comercio informal
Uno de los principales argumentos que sustenta esta propuesta es el impacto económico que la “Ley Seca” tiene sobre los pequeños negocios. Según estimaciones del sector comercial, las restricciones actuales generan pérdidas millonarias en cada jornada electoral, con afectación directa a miles de bodegas, bares y restaurantes. Las pérdidas podrían superar los S/320 millones por elección, considerando que en 2026 se celebrarán hasta cuatro procesos.
Los fines de semana son momentos clave para la actividad comercial, especialmente en sectores populares donde las ventas de bebidas representan una parte importante de los ingresos. Al limitarse por completo la posibilidad de operar durante dos días, muchos emprendedores ven comprometida su estabilidad económica. Además, existe el riesgo de que la norma incentive la informalidad, ya que algunos establecimientos continúan operando de forma clandestina, sin control ni supervisión.
Otras realidades en América Latina
La iniciativa también pone en discusión la necesidad de revisar la legislación en función de estándares internacionales. En países como Chile, Argentina, Colombia, México y Brasil, las restricciones sobre el consumo y venta de alcohol en elecciones son más flexibles. En algunos casos, se limitan únicamente al horario de votación; en otros, se aplican solo a ciertas zonas o se establece la prohibición durante un lapso de 12 a 24 horas.
Según los impulsores del proyecto, en ningún caso se ha evidenciado una relación directa entre horarios más cortos y un aumento en delitos electorales. Por el contrario, se pone énfasis en la educación cívica, la fiscalización efectiva y el respeto ciudadano como pilares para garantizar procesos electorales seguros.
Principios detrás de la propuesta legislativa
El proyecto de ley reconoce que la participación democrática se promueve con confianza, transparencia y reglas razonables, no con medidas desproporcionadas. Así, plantea una prohibición acotada, sin eliminarla del todo, respetando el derecho al trabajo y el principio de razonabilidad en la aplicación de las leyes.
El congresista Soto sostiene que esta reforma busca asegurar la continuidad de las garantías democráticas, pero sin ignorar la realidad de miles de peruanos que viven del comercio. El equilibrio entre orden y desarrollo económico es la base de esta iniciativa, que espera ser debatida en las próximas semanas en las comisiones correspondientes del Parlamento.
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