
El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó un financiamiento del Banco Mundial, por más de 300 millones de soles, por mantener a una funcionaria. Este presupuesto estaba destinado a ejecutar un proyecto relacionado con el control de nuevas enfermedades o pandemias, como la del COVID-19, que podrían llegar a causa del cambio climático.
En total, se iba a implementar equipamiento de última generación, construir laboratorios y tres centros Macrorregionales de Bioinformática y Tecnología para Diagnóstico, además de un Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en Chorrillos
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El mismo ministro de Salud, César Vásquez, admitió, durante un discurso y de forma orgullosa, que hubo un rompimiento en las relaciones con el organismo internacional.
“Yo llegué y le puse el pare al Banco Mundial. Entonces, nosotros decidimos cortar el préstamo al banco y asumirlo como Gobierno. La presidenta me dijo, lo hacemos con presupuesto del Perú, y estamos haciéndolo ahora con presupuesto público, no con préstamos. Eso es lo que ofrecemos nosotros a ustedes”, dijo.
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“Lo que pasa es que los bancos nos dan la plata, nos cobran intereses y encima nos quieren poner los funcionarios. No vamos a permitir que encima que nos cobran intereses, nos vengan y nos pongan funcionarios que no son eficientes, que no resuelven y por eso decidimos nosotros poner nuestros funcionarios, cortar ese convenio y asumirlo.”, agregó.
¿Qué pasó con el contrato?
De acuerdo con Cuarto Poder, el contrato entre el Estado y el organismo se firmó en el 2021. El compromiso era que el Banco Mundial financiaba una parte del proyecto con 68 millones de dólares, y que la contratación de los puestos clave de la unidad ejecutora estarían supervisados por ellos.
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Este último punto, sería el cual no estaba de acuerdo el Minsa, según el medio. En este contexto, Omar Neyra, experto en Salud Público, indicó que el BM pidió de forma diplomática que se contrate personal calificado, y que esa sería lo que rechazó el Poder Ejecutivo. El mensaje habría sido que “no le interesa tener gente calificada con estándares mínimos”.“No te piden estándares altos, estándares mínimos y quiere contratar como lo están haciendo a sus amigotes de partido”, mencionó en diálogo con Cuarto Poder.
“El gran perjudicado a la larga es el ciudadano peruano, porque no va a tener implementación de proyectos que son fundamentales para la salud pública. Y esta era la primera piedra, la base para tener una medicina de no de futuro actual, el mundo. Hoy los tratamientos son biológicos en el primer mundo y esta era la base. No es todo, pero era la base para empezar. Lo que implica es que eso se va a retrasar. Y vamos a seguir hablando de medicamentos del siglo pasado”, añadió.
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Según el especialista, este sería el segundo proyecto que no continúa, y que el primero estaría relacionado con “redes integradas”. “Este gobierno o este ministro también se bajó el proyecto porque no fue capaz de gestionar”, sostuvo.
¿Quién es la funcionaria que se mantiene?
Cuarto Poder reveló que la funcionaria que el Ministerio de Salud se negaría a retirar sería Consuelo Perales Mesta, graduada de la Universidad Cesar Vallejo, y con supuestos vínculos con Alianza para el Progreso (APP), el partido del ministro César Vásquez y de César Acuña.
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Ella es la que actualmente tiene el cargo de general de la Unidad Ejecutora del proyecto de mejoramiento y ampliación en servicios de vigilancia en salud pública. El Banco Mundial recomendó poner en el puesto a otra persona; sin embargo, el Minsa insistió en mantenerla.
Perales es exfuncionaria del Hospital Regional de Lambayeque y se encuentra investigada por la Fiscalía de Malversación de Fondos. Es más, hace una semana, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque, ha pedido que se reanude el juicio en su contra al anular un fallo absolutorio. Por eso, se ordenó que se le convoque a un nuevo juicio oral, debido a que el juez calificó la conducta de la funcionaria como un acto ilegítimo y que terminó ocasionando un daño patrimonial público.
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Descargos del Ministerio de Salud
Diego Venegas, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS) dijo al programa de investigación que la funcionaria se quedará en el cargo hasta que termine la relación con el BM. “De ahí para adelante, vamos a continuar con la agencia especializada que es Proinversión”, aclaró.
“La decisión es técnica, no es política, no es política. Así es. Este proyecto estaba destinado a tener un elefante blanco para el sistema de vigilancia sanitaria. Por esa razón es que hemos cambiado el modelo de gestión y el modelo de gestión lo estamos cambiando hacia una asociación pública privada”, añadió.
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Sobre las denuncias con las que cuenta la Consuelo, mencionó que en estos casos, advierten el problema a los órganos de control. “Ya hemos hecho lo que corresponde. En este momento que sepamos no hay ninguna sanción de la mencionada funcionaria”, aclaró.
En cuanto al dinero que necesitarán, afirmó que se rediccionará de saldos no ejecutados. “Nosotros en este momento tenemos varias obras que no van a llegar al final de año”, señaló.
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El exministro de Salud, Óscar Ugarte, subrayó que esta respuesta “no tiene ninguna lógica porque uno no puede esperar financiar un proyecto tan importante como el que estamos señalando con el fracaso de otros proyecto”.
“No hay ninguna visión ahí de gestión del ministerio pensando en el mediano y largo plazo. Que se diga que con las sobras o los fracasos de los otros se va a financiar un proyecto que es más o menos más de 300 millones de soles, que son los 88 millones de dólares. ¿Es un engaño? Pues no, es casi una burla”, explicó.
Problemas de cumplimiento por parte del Perú
Según Cuarto Poder, el Banco Mundial desembolsó cerca de 24 millones de soles, dinero que el Perú ahora tiene que volver. Sin embargo, existe un problema con este monto, ya que hasta ahora no se ha ejecutado ninguna obra ni se cuenta con equipamiento.
Es más, desde enero del 2023 se ha ejecutado solo el 8% del proyecto. Como era evidente que no se iba a cumplir con los plazos establecidos, en junio del 2026, el BM aceptó aprobar una extensión, pero bajo ciertas condiciones, como la reestructuración del equipo de trabajo por medio de un concurso público.
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