Privilegios para presos VIP en Challapalca: los precios que pagan los delincuentes y cómo operan desde la prisión

En un operativo de requisa realizado el lunes 14 de abril en el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna, las autoridades encontraron un teléfono celular marca Samsung y unos auriculares negros en la celda 3 del pabellón 3. Allí cumple condena José Luis Lumbreras Huamán, sentenciado por homicidio calificado. El hallazgo se suma al de una antena de internet satelital, descubierta días antes en uno de los techos del penal, lo que evidencia la grave crisis de control en esta prisión considerada como la más segura del país.

La presencia de aparatos electrónicos con tecnología de última generación confirma lo que desde hace tiempo era un secreto a voces: en Challapalca opera una red de corrupción enquistada que permite a ciertos internos de alto perfil —los denominados “reos VIP”— vivir con privilegios, como acceso a televisión por cable, calefacción, alimentación a la carta e incluso visitas sexuales.

Dos exagentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), conversaron con el semanario Hildebrandt en sus trece y revelaron cómo funciona este sistema de impunidad y privilegios. “Cuando vi el anuncio de la presidenta Boluarte sobre trasladar a los delincuentes más peligrosos a Challapalca, me reí. He trabajado en diversas instituciones y he visto corrupción, pero nada como en esa cárcel”, dijo “Manuel”, uno de los exfuncionarios entrevistados. Ambos prefieren mantener su identidad en reserva, como medida de seguridad.

Según relataron, las mafias operan con la complicidad de trabajadores del INPE e incluso con algunos efectivos policiales. Los internos son llevados al tópico o a las oficinas administrativas del penal bajo pretextos médicos o logísticos. Allí, sin supervisión, acceden a señal WiFi y equipos móviles para realizar llamadas clandestinas.

Un informe reservado del INPE, fechado en 2023, revela que cabecillas de bandas criminales como el Tren de Aragua, Barrio King y Los Malditos eran trasladados con frecuencia al centro de salud del penal. El precio de este “servicio” ronda los 400 soles.

Los presos VIP y sus amenazas desde salas de audiencias

Pero no solo el tópico sirve como punto de conexión. La sala de audiencias del penal también era usada como un espacio para poder comunicarse con el exterior. Según “Vicente”, otro exfuncionario consultado por H13, varios reclusos eran llevados frecuentemente allí para operar con total impunidad.

Entre ellos, destaca Edwin Penedo Gómez, alias “Cara de Cuy”, condenado a 35 años, quien en 2023 fue denunciado por el alcalde de San Martín de Porres por enviarle amenazas en video desde esta sala.

También figuran Giussepe de la Flor Rojas, implicado en un presunto plan para asesinar al coronel Harvey Colchado, y Lucio Moreno Jaque, alias “Pirata”, sentenciado por secuestro. Este último fue trasladado desde el penal Ancón II tras descubrirse que dirigía una red de extorsión desde su celda.

El catálogo de beneficios incluye también visitas íntimas, celdas con calefacción y una dieta especial.

“Vi cómo Raúl Vera Gallegos, un ecuatoriano que había fugado de una cárcel de su país, hizo pasar a una prostituta de alta gama y luego de estar con ella se la regaló al resto del pabellón. Otro reo que tenía beneficios era Rubén Moreno Olivo, alias Goro, quien gozaba de televisión, calefacción y platos a la carta”, agregó.

Cochamarca, otro centro del crimen

Además de Challapalca, el penal de Cochamarca, ubicado en Pasco, se ha consolidado como uno de los principales centros del crimen organizado en el país. Desde sus celdas, internos continúan extorsionando, traficando drogas y ordenando asesinatos con total impunidad.

El caso más reciente es el de Jesús Gastañadui Tapia, alias “Pitbull”, integrante de la banda “Los Compadres”, a quien agentes del INPE le incautaron un moderno celular Redmi y 150 gramos de cocaína en su celda. Días antes, el mismo reo ya había sido intervenido con otro móvil, pese a estar bajo vigilancia.

El precio por ingresar un celular al penal puede ascender hasta los S/15 mil, mientras que por realizar llamadas desde espacios “habilitados” se puede pagar hasta S/100 por minuto. Según fuentes penitenciarias, estas mafias operan con la complicidad de agentes del INPE e incluso de algunos policías.