En el décimo día del estado de emergencia decretado para Lima y Callao en busca de frenar la ola de criminalidad que azota a la ciudadanía, la presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que se recrudecerán las sanciones contra personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que no reciba denuncias de extorsión en las comisarías.
Durante una reciente sesión del ‘cuarto de guerra’, desarrollada en Palacio de Gobierno, la mandataria enfatizó la necesidad de una acción decidida contra la delincuencia y destacó la importancia de la colaboración entre diversas entidades.
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“Para los comisarios tenemos una recomendación, que cuando los ciudadanos vayan a poner sus denuncias de extorsión tomen las denuncias y empiece la investigación, no pueden ser indiferentes a las denuncias”, dijo.
Además, subrayó que la lucha contra la delincuencia es esencial para corregir las deficiencias heredadas de administraciones anteriores que permitieron un control migratorio laxo. “Todas las acciones que venimos reportando en este ‘cuarto de guerra’ constituyen pasos firmes y seguros en este proceso de lucha frontal contra la delincuencia”, añadió.
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad, se ha desplegado a 8.500 efectivos policiales en Lima y Callao. Estos operativos han resultado en la captura de numerosos delincuentes y en la desarticulación de varias bandas criminales.
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Por ejemplo, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, informó sobre la desarticulación de nueve bandas, incluyendo “Los Despiadados”, con la captura de 11 de sus miembros dedicados al tráfico ilícito de drogas y la extorsión en el Callao.
Además, se han llevado a cabo operativos en mercados de distritos como Chorrillos, donde se incautaron 85 teléfonos celulares, de los cuales 22 estaban reportados como robados. La viceministra de Gestión Institucional, Cecilia García, destacó la colaboración con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en las instituciones educativas.
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Estado de emergencia
La situación de seguridad ha llevado al gobierno a declarar el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden.
Esta medida se implementó tras el asesinato del cantante de cumbia Paul Flores, miembro de la banda Armonía 10, lo que generó conmoción en la población y resaltó la urgencia de abordar la violencia y la extorsión en la capital.
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Según el Decreto Supremo N° 035-2025-PCM, durante el estado de emergencia se restringen ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, con el objetivo de facilitar las operaciones de seguridad.
La medida ha sido respaldada por el despliegue de militares en las calles y el incremento de patrullajes en zonas estratégicas para disuadir delitos como robos, extorsiones y sicariato.
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Al respecto, la presidenta Boluarte ha enfatizado la importancia de la colaboración entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, así como el Ministerio Público y el Poder Judicial, para abordar de manera integral la problemática de la criminalidad.
“Nuestra Policía y las Fuerzas Armadas siguen asestando duros golpes contra la criminalidad”, destacó durante una evaluación de las acciones realizadas en el marco del estado de emergencia.
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La ciudadanía no ha respondido positivamente a estas medidas, en su lugar, demosrtó su poco apoyo a las acciones gubernamentales ya que son medidas utilizadas en el pasado y que no han obtenido los resultados deseados.
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