Universidades particulares están obligadas por ley a otorgar beca completa a estudiantes en estas circunstancias

En Perú, las leyes que regulan la educación privada contemplan mecanismos para proteger a los estudiantes que atraviesan situaciones adversas como la pérdida de sus padres o tutores. Según la Ley N° 23585, los estudiantes de instituciones educativas de gestión privada que pierdan a su padre, madre, tutor o cualquier persona encargada de su sustento tienen derecho a una beca integral.

Dicho beneficio permite que el estudiante continúe sus estudios en el mismo plantel o universidad hasta completar su educación en el nivel correspondiente, ya sea primaria, secundaria o universitario. La cobertura de la beca incluye la matrícula, pensiones, exámenes, certificados de estudios y otros costos asociados con el servicio educativo.

Para que se active este derecho, es necesario que el estudiante demuestre que ha perdido al responsable económico y que, como consecuencia, no tiene recursos suficientes para sufragar los costos educativos. La Ley N° 23585 establece que este beneficio será otorgado siempre que se cumplan estos requisitos. En este contexto, la ley busca garantizar el acceso a la educación de estudiantes que enfrentan dificultades económicas.

Suspensión y pérdida definitiva de la beca

El acceso a la beca no es incondicional. La Ley N° 23585 establece que podrá ser suspendida temporalmente si el estudiante presenta un bajo rendimiento académico o se ve involucrado en actos de mala conducta. Esta suspensión se mantiene durante un ciclo académico o un año escolar. No obstante, si el estudiante logra superar la causa de la sanción dentro de este periodo, la beca será reactivada y continuará cubriendo los costos educativos.

Sin embargo, si el estudiante es expulsado de la casa de estudio por motivos graves, la beca se pierde de forma definitiva. En este caso, el alumno ya no podrá beneficiarse del apoyo económico, independientemente de las circunstancias que llevaron a su expulsión. Es decir, la ley establece que solo se podrá acceder a la beca bajo condiciones de cumplimiento tanto en lo académico como en lo disciplinario.

En ese sentido, la normativa busca incentivar el buen comportamiento y rendimiento de los estudiantes, a la vez que ofrece una segunda oportunidad en caso de que se presenten problemas durante el curso de sus estudios.

Rol del Ministerio de Educación

El cumplimiento de la Ley N° 23585 recae en el Ministerio de Educación (Minedu), que es el encargado de asegurar que las universidades privadas cumplan con las disposiciones de la norma. En este sentido, el Minedu tiene la responsabilidad de vigilar la correcta aplicación de la ley, así como de elaborar un reglamento que detalle los procedimientos a seguir para que los estudiantes puedan acceder a la beca de manera efectiva.

La intervención del Minedu asegura que la ley se implemente de manera uniforme en todas las instituciones educativas privadas del país, sin que queden vacíos legales que impidan el acceso al beneficio que garantiza al acceso a la educación.

Además del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) también juega un papel crucial en la implementación de esta ley. El Indecopi tiene la facultad de fiscalizar a las universidades privadas y sancionar a aquellas que no cumplan con las disposiciones establecidas.

Multa por incumplimiento

En este sentido, el Indecopi tiene competencias para intervenir cuando se presenten denuncias por parte de estudiantes o familiares que no han recibido la beca correspondiente. Además, el organismo puede imponer sanciones económicas a las instituciones educativas que incumplan la normativa.

De hecho, el Indecopi ha tenido que actuar en varias ocasiones para asegurar que los colegios y universidades otorguen las becas correspondientes, como en el caso de Cambridge College Lima S.A.C., que no entregó la beca a dos estudiantes huérfanos. En este caso, el Indecopi ordenó no solo la entrega de las becas, sino también la devolución de las pensiones pagadas por la familia desde el fallecimiento del padre de los estudiantes.