El inicio del Año Escolar 2025 se presenta como un momento crucial para reforzar el compromiso del sistema educativo con la inclusión y la protección de los derechos de los estudiantes.
En este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un firme llamado a los colegios privados para que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley 23585.
Esta garantiza el acceso a la educación de aquellos estudiantes que han perdido a sus padres o apoderados responsables de su sustento. Esta legislación no solo tiene como objetivo asegurar la continuidad de los estudios para los menores en situación de orfandad, sino también protegerlos de las barreras económicas que podrían dificultar su acceso al sistema educativo.
Según la Ley 23585, los niños y adolescentes que atraviesan la dolorosa experiencia de perder a sus padres o tutores deben ser beneficiarios de una beca integral que cubra todos los gastos relacionados con su educación.
Esta beca está destinada a exonerar al estudiante de los costos de matrícula, pensiones, exámenes, certificados de estudio y otros gastos vinculados a la educación, lo que busca evitar que los estudiantes se vean obligados a abandonar sus estudios debido a la falta de recursos económicos.
Sin embargo, para acceder a este beneficio, es necesario acreditar formalmente la pérdida del padre, tutor o responsable económico y demostrar que el estudiante no posee los recursos para solventar los costos educativos.
El derecho a recibir una beca integral no se limita a la mera exoneración de los pagos, sino que tiene un enfoque integral, que busca brindar a los estudiantes el acompañamiento necesario para superar las dificultades que puedan enfrentar debido a su situación familiar.
En este sentido, la Ley 23585 reconoce la necesidad de que las instituciones educativas ofrezcan un entorno de apoyo emocional, además de garantizar el acceso y la continuidad educativa.
De hecho, el acompañamiento psicológico se considera esencial para los estudiantes en esta situación, ya que la pérdida de un ser querido puede generar trastornos emocionales que impactan directamente en su rendimiento académico.
El Indecopi, en su rol de entidad fiscalizadora, ha dejado claro que no tolerará el incumplimiento de esta norma. Durante el año escolar 2024, por ejemplo, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi tomó una decisión ejemplar en el caso de los estudiantes de Cambridge College Lima S.A.C.
Estos dos menores, cuya situación de orfandad no fue tomada en cuenta por el colegio, no recibieron la beca correspondiente tras la muerte de su padre. En este caso, la resolución del Indecopi no solo ordenó que las becas fueran otorgadas a los estudiantes, sino que también se dispuso la devolución de todas las pensiones pagadas por la madre de los menores desde el fallecimiento de su esposo.
Este derecho puede ser suspendido o cancelado
A pesar de las medidas establecidas por la Ley 23585, es importante reconocer que el derecho a la beca integral puede ser suspendido en caso de que el estudiante presente un rendimiento académico insuficiente o incurra en mala conducta.
En estos casos, la suspensión de la beca no se considera un castigo, sino una medida relacionada con el cumplimiento de las expectativas educativas y de comportamiento dentro de las instituciones.
La ley también establece que la beca se perderá definitivamente si el estudiante es expulsado del colegio por faltas graves. Sin embargo, este tipo de sanciones debe ser aplicado con responsabilidad y, sobre todo, respetando el contexto emocional del estudiante, quien podría estar atravesando por situaciones difíciles derivadas de la pérdida de un ser querido.
Para aquellas familias que consideren que sus derechos no están siendo respetados, el Indecopi ofrece diversos canales de atención. Entre ellos se encuentran el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma Reclama Virtual, y los números telefónicos 224-7777 en Lima y 0800-4-4040 en provincias. Estos canales están a disposición de los ciudadanos para que puedan realizar denuncias en caso de incumplimiento de la Ley 23585 y proteger sus derechos en el ámbito educativo.
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