El alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, fue intervenido en un megaoperativo realizado en la madrugada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. El burgomaestre es señalado de integrar una presunta organización criminal dedicada a la expedición fraudulenta de licencias de conducir. Su domicilio fue allanado junto con otros 31 inmuebles en la provincia y región Ica, como parte de la investigación contra “Los Acelerados del Sur”, una red criminal que operaría dentro del sistema de transportes.
El operativo, que comenzó a las 04:00 horas, contó con la participación de 218 efectivos policiales y 36 fiscales, informó el coronel PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). “Esta medida, autorizada por el juez, busca desarticular la organización criminal que operaba a través del trámite fraudulento de brevetes”, explicó.
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Entre los inmuebles intervenidos se encuentran cinco oficinas administrativas, estudios de abogados y clínicas médicas, incluyendo la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC Ica), una entidad clave en la investigación. Las diligencias continúan para determinar el nivel de responsabilidad de los involucrados.
Alcalde es investigado por presunta participación en red de corrupción
El alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, es investigado por su presunta participación en la organización criminal “Los Tramitadores del GORE”, vinculada a la expedición irregular de licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC Ica). El burgomaestre dirigió esta entidad entre abril de 2021 y marzo de 2022, periodo en el que habría facilitado la emisión fraudulenta de brevetes a cambio de sobornos.
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El coronel PNP Ángeles Puente informó que el allanamiento a la vivienda del alcalde se realizó con la presencia de su abogado defensor. “Esperemos que durante las diligencias se puedan encontrar elementos o indicios de su presunta responsabilidad o participación en los hechos investigados por la Policía”, señaló. Además, trascendió que en la casa del militante de Fuerza Popular se encontró una mochila con más de un millón de soles en su interior.
En mayo de 2023, el Poder Judicial dictó una orden de prisión preventiva de 36 meses contra Amoroto, quien permaneció en la clandestinidad hasta diciembre, cuando se le concedió comparecencia con restricciones. En enero de 2024, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo restituyó en el cargo de alcalde al no existir un impedimento judicial en su contra.
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En octubre de 2024, la Fiscalía Provincial de Ica lo citó para diligencias, incluyendo el análisis de audios que podrían vincularlo con la organización investigada.

Desarticulan presunta red criminal dedicada a la venta ilegal de licencias de conducir
El Ministerio Público investiga a la organización criminal conocida como “Los Tramitadores del GORE” o “Los Acelerados del Sur”, dedicada a la emisión fraudulenta de licencias de conducir en la región Ica. De acuerdo con las pesquisas, la red estaría encabezada por el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos y contaría con la participación de altos funcionarios, entre ellos Edward Amoroto Ramos, exdirector de la DRTC Ica y actual alcalde del distrito de Los Aquijes.
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Las investigaciones señalan que la organización criminal operaba a través de una estructura organizada que permitía a los solicitantes de licencias de conducir evitar los exámenes y requisitos exigidos por la ley a cambio de pagos ilegales. Los montos cobrados oscilaban entre S/ 2.500 y S/ 3.000, dependiendo de la categoría del brevete.

Además, se presume que parte de los ingresos obtenidos por esta actividad ilícita fueron utilizados para financiar campañas políticas y otras actividades dentro del Gobierno Regional de Ica. Hasta el momento, se ha corroborado la emisión fraudulenta de al menos 73 licencias de conducir bajo este esquema.
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La investigación inició en abril de 2023, cuando el Ministerio Público formalizó acusaciones contra Amoroto y otros implicados. En mayo de ese año, se dictó una orden de prisión preventiva de 36 meses contra él, pero logró evadir a la justicia hasta diciembre, cuando obtuvo comparecencia con restricciones. Además, la red contaría con el apoyo de periodistas locales, quienes habrían recibido pagos para minimizar la cobertura mediática del caso.
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