Gustavo Adrianzén promete luchar contra la minería ilegal, pero políticas del Congreso siguen devastando la Amazonía peruana

El 20 de febrero de 2025, en la ciudad de Tarapoto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hizo una aparición pública en medio de una crisis ambiental que afecta a las comunidades nativas y a los ecosistemas amazónicos. En su discurso, Adrianzén reafirmó el compromiso del Gobierno peruano de luchar contra la minería ilegal. “Sus territorios son objeto de ataques, pero queremos decirles que estamos a su lado en la lucha contra la minería ilegal que está talando sus bosques, contaminando sus ríos y matando sus especies”, expresó, en un acto que reunió a autoridades regionales, representantes del Ministerio del Ambiente (Minam) y líderes de comunidades nativas de Loreto, Madre de Dios y San Martín.

Vestido del tradicional tocado de plumas, con palabras cargadas de empatía y promesas, el premier se comprometió públicamente a financiar planes de negocio para las comunidades afectadas, destinando más de 9.6 millones de soles en un esfuerzo por fomentar la conservación del medio ambiente y la creación de alternativas económicas sostenibles. Además, se entregaron equipos de vigilancia forestal a líderes indígenas, con el objetivo de fortalecer la defensa de sus territorios frente a las actividades mineras ilegales. La distribución de indumentaria, equipos de campo y kits de primeros auxilios a más de 80 vigilantes comunales subrayó la intención gubernamental, al menos en el discurso, de proteger la Amazonía.

Sin embargo, mientras Adrianzén pronunció sus promesas en Tarapoto, las sombras de la minería ilegal seguían oscureciendo la región. Esta actividad ilícita, particularmente en el rubro del oro, continúa siendo uno de los principales motores de la devastación ambiental y social en la Amazonía peruana. En el caso de Madre de Dios, una de las zonas más afectadas, la minería ilegal ha deforestado más de 31,000 hectáreas de bosques en los últimos veinte años. Esta actividad, alimentada por la corrupción, la falta de fiscalización y la falta de alternativas económicas viables, está desplazando cada vez más a los pueblos originarios y a los ecosistemas, mientras se enriquecen actores ilícitos y empresas transnacionales.

Promesas en la selva vs. Realidad política

En los últimos años, las promesas de erradicar la minería ilegal han sido constantes, pero los avances en la práctica siguen siendo mínimos. Durante la gestión de Adrianzén, las iniciativas como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han fracasado rotundamente, permitiendo que la minería ilegal siga operando sin obstáculos. Un informe de Videnza Consultores de octubre de 2024 estima que la minería ilegal mueve más de US$6,000 millones al año en el Perú, un monto que supera incluso los ingresos generados por el narcotráfico. Este flujo de dinero no solo ha sido un motor de la destrucción ambiental: también de la política peruana.

El problema de fondo no es solo la falta de políticas públicas efectivas, sino la profunda influencia de la minería ilegal en el Congreso peruano. El estudio “El Estado ante el avance de la minería ilegal en Loreto” de Omayra Peña Jimenez y Paolo Sosa Villagarcia, elaborado para Natural Governance Resource Institute (2024) revela que aproximadamente el 60% de los parlamentarios han apoyado proyectos de ley que favorecen la desregulación de la minería, perpetuando el círculo vicioso de la informalidad. Estos proyectos, como la prórroga del proceso de formalización minera, benefician principalmente a los actores ilegales, al permitirles seguir operando con mayor facilidad. El Partido Perú Libre, por ejemplo, ha liderado la aprobación de estos proyectos, con 21 congresistas votando a favor de más de cinco iniciativas legislativas que flexibilizan la regulación minera.

La corrupción y la cooptación de funcionarios en los niveles regionales y nacionales son factores claves que perpetúan la minería ilegal. En regiones como Loreto, los gobiernos locales son señalados de ser fácilmente manipulados por las mafias mineras, lo que debilita aún más los esfuerzos de control. Según Melissa Marengo, abogada del Natural Resource Governance Institute, los vacíos de poder y la corrupción entre los funcionarios han permitido que las mafias se adueñen de la minería ilegal. Este fenómeno no solo se limita a los actores locales; las mafias internacionales que operan en la frontera con Colombia y Brasil también se benefician de la falta de regulación y de la complicidad de políticos en varios niveles del Gobierno.

La Minería Ilegal y el Futuro de la Amazonía Peruana

A pesar de los discursos oficiales y las promesas de apoyo a los afectados, la minería ilegal sigue avanzando, dejando tras de sí un rastro de destrucción ambiental y conflictos sociales. En Madre de Dios, por ejemplo, los daños son evidentes: deforestación masiva, contaminación por mercurio y enfermedades provocadas por la actividad minera. La región ha perdido vastas áreas de bosques tropicales, que han sido sustituidas por campamentos mineros y ríos contaminados. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, vinculado a la minería ilegal, ha sido señalado como un actor clave en la perpetuación de estos proyectos, lo que plantea dudas sobre la real intención del Gobierno de frenar esta actividad destructiva.

En este contexto, las promesas de Adrianzén y otros funcionarios pierden fuerza cuando se confrontan con la realidad del poder político y los intereses económicos que están detrás de la minería ilegal. Las comunidades indígenas, a pesar de recibir apoyo simbólico, siguen enfrentando una amenaza constante que pone en peligro su existencia y la de su entorno.