
En Loreto, la minería ilegal de oro avanza a pasos gigantes, casi al ritmo de Madre de Dios, donde la actividad ilícita ha devastado amplias zonas. Un fenómeno estrechamente vinculado a la corrupción y a la cooptación de funcionarios del gobierno. Melissa Marengo, oficial senior del Natural Resource Governance Institute (NRGI), en diálogo con Infobae Perú, destacó los peligros, principalmente la degradación rápida de los ecosistemas vitales de la región.
En el Congreso, esta amenaza ha ganado terreno, con un significativo número de legisladores apoyando proyectos de ley que favorecen la desregulación del sector. Según Marengo, alrededor del 60% de los parlamentarios peruanos respaldan iniciativas que brindan altas facilidades a la minería no formal
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En el periodo legislativo 2021-2026, varios proyectos de ley han sido presentados con el objetivo de apoyar la minería no formal. Entre ellos se encuentran los siguientes siete:
- PL 00705/2021 Ley que modifica la primera disposición complementaria final de la ley 31007, ley que reestructura la inscripción en el Reinfo
- PL 00688/2021-CR Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral
- PL 2715/2021-CR Ley que modifica el decreto legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república
- PL 2742/2022 Ley que modifica el decreto legislativo 1107, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que pueden ser utilizados en minería ilegal
- PL 0894/2022 Ley que modifica la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal
- PL 6259/2023 Ley que declara de interés nacional la planificación y construcción de infraestructura para el mejoramiento vial en Madre de Dios.
- PL 07287/2023-CR Ley que deroga la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1607, que modifica la ley contra el crimen organizado

Estos proyectos han recibido el respaldo de un considerable número de congresistas de diferentes partidos políticos. Según el estudio “El Estado ante el avance de la minería ilegal en Loreto” de Omayra Peña Jimenez y Paolo Sosa Villagarcia, estudio para Natural Governance Resource Institute (2024). El partido Perú Libre lidera el apoyo con 21 congresistas votando a favor de más de cinco de estos proyectos.
Le sigue Fuerza Popular con 20 congresistas, Renovación Popular con 10, Acción Popular y Alianza para el Progreso con 9 cada uno, y Avanza País con 5. En menor medida, Somos Perú y Alianza para el Progreso también han mostrado apoyo, aunque con menos de cinco congresistas cada uno.
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Marengo destaca que a nivel nacional, los intereses informales e ilegales en la minería han logrado influir en instituciones como el Congreso. Esta influencia se refleja en el respaldo a proyectos de ley que promueven la desregulación del sector, complicando aún más los esfuerzos por formalizar a los mineros informales.

La corrupción y destrucción de la Amazonía
El proceso de formalización de la minería informal en Perú no ha funcionado. Según Marengo, las modificaciones legales aprobadas por el Congreso solo prolonga indefinidamente el proceso. Aquellos mineros que no logran formalizarse quedan fuera del sistema, mientras que muchos que intentan hacerlo se encuentran suspendidos por no cumplir con los requisitos. Esto ha favorecido la minería ilegal, permitiendo que actores ilícitos utilicen a los pocos que se formalizan para lavar oro ilegal.
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La regulación en el país también ha sido debilitada en los últimos años. Aunque el país contaba con un marco regulatorio ambiental sólido, las acciones del Congreso han flexibilizado las normas, afectando la protección de áreas naturales y la gestión ambiental. El Ministerio del Ambiente ha sido incapaz de imponer criterios técnicos para mantener una regulación estricta, lo que ha permitido la aprobación de medidas que antes eran impensables.
El hecho que Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, esté vinculado a la minería ilegal, resalta la influencia de intereses ilegales en el poder legislativo peruano, lo que ha generado críticas sobre la falta de integridad en la gestión de recursos naturales.
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La guerra por el oro y el narcotráfico
La minería ilegal opera en un entorno con escaso control estatal, permitiendo que organizaciones delictivas transnacionales se beneficien de esta falta de vigilancia. Este fenómeno no se limita únicamente a Perú, sino que se extiende a zonas transfronterizas con Colombia y Brasil, onde grupos criminales ejercen influencia con la complicidad de actores locales.
El auge de la minería ilegal en Loreto está impulsado por el incremento del precio del oro en el mercado internacional. A diferencia de la minería legal, que no ha crecido a la par, la minería ilegal se desarrolla con mayor rapidez y se integra en cadenas de comercio internacional con poca trazabilidad. Países con regulaciones laxas, como Emiratos Árabes, son los principales destinos del oro exportado desde Perú.
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El contexto local de Loreto es aún más complejo debido a la falta de alternativas económicas y la escasa presencia estatal, lo que incrementa la vulnerabilidad de la región frente a estas actividades ilícitas. La posibilidad de que la situación actual en Loreto se convierta en un reflejo de la devastación ambiental observada en La Pampa es cada vez más real, lo que exige una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades para prevenir un desastre ecológico de magnitudes incalculables.
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