El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, actualmente en condición de prófugo de la justicia, presentó un nuevo recurso ante el Poder Judicial con el objetivo de anular las órdenes de ubicación y captura dictadas en su contra, tanto a nivel nacional como internacional. Su defensa sostiene que el plazo de prisión preventiva de 36 meses ya ha vencido y solicita que afronte la investigación en libertad.
La solicitud fue presentada en reiteradas ocasiones entre diciembre de 2024 y enero de 2025, con el argumento de que la medida de detención ya no tiene vigencia. El caso está en manos del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien ha programado una audiencia virtual para el 12 de febrero a las 10 de la mañana con la finalidad de evaluar el pedido.
Orden de captura internacional sigue vigente
El Poder Judicial confirmó que la notificación roja de Interpol para la búsqueda y captura de Silva se mantiene activa hasta el 10 de junio de 2027. A pesar de esta medida, el exministro sigue en la clandestinidad desde el 4 de junio de 2022, cuando se ordenó su detención en el marco del caso Provías Descentralizado - Puente Tarata III, en el que se le investiga por presuntos delitos de colusión y organización criminal.
Silva es señalado como una de las piezas clave dentro de una red de corrupción que habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Pedro Castillo. Según la Fiscalía, favoreció a empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’ en la adjudicación de contratos a cambio de sobornos.
La trama de corrupción que lo mantiene en fuga
De acuerdo con las investigaciones, el exministro habría recibido pagos ilícitos a cambio de direccionar licitaciones de obras públicas. Entre los testimonios en su contra destaca el de la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien aseguró que Silva era parte de una presunta mafia que operaba en el MTC.
Además, se le atribuye haber recibido USD 100,000 de manos del exgerente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, en presencia del exalcalde de Anguía, Nenil Medina, ambos investigados por corrupción. Estos hechos habrían facilitado la entrega de millonarios contratos a determinadas empresas a cambio de pagos irregulares.
Tras esta serie de denuncias y presiones políticas, Silva renunció al cargo el 28 de febrero de 2022. Sin embargo, en lugar de someterse a las investigaciones, desapareció en junio de 2022, justo antes de que se emitiera una orden de detención preventiva en su contra.
La fuga de Silva generó cuestionamientos sobre la actuación de la Policía y la Fiscalía, ya que el exministro logró desaparecer antes de que se hiciera efectiva la orden de detención preventiva en su contra. Su escape también estuvo rodeado de sospechas, pues se cree que pudo haber recibido información privilegiada desde el gobierno de Pedro Castillo para evitar su captura.
En este caso de presunta corrupción también estuvo involucrado Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, quien salió en libertad en agosto de 2024 por orden del Poder Judicial. El familiar del exmandatario había permanecido tras las rejas desde enero de ese año, mientras lo investigaban por su implicación en el caso ‘Puente Tarata’.
Mientras el exministro continúa en la clandestinidad, las autoridades mantienen su búsqueda sin resultados concretos hasta la fecha. Su paradero sigue siendo un misterio, mientras la justicia evalúa si le concede el beneficio de comparecencia o si mantiene vigente la orden de captura que pesa sobre él.
Como se recuerda, Juan Silva Villegas fue ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú desde el 29 de julio de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.
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