El Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) ha anunciado que el próximo 19 de noviembre presentará una propuesta para liberar un fideicomiso de casi US$20 millones destinado a los ex trabajadores de Doe Run Perú.
Este anuncio se produce tras dos días de protestas frente a las instalaciones del ministerio, donde los ex empleados de la empresa en liquidación exigieron el pago de deudas pendientes desde hace más de una década.
Durante las manifestaciones, representantes de los ex trabajadores, junto con la empresa liquidadora Consultores Asesores A-1 SAC, se reunieron con funcionarios del ministerio y el congresista Ilich López Ureña.
En este encuentro, el ministerio se comprometió a evaluar soluciones para desbloquear los fondos del fideicomiso. Paralelamente, se espera una respuesta del Scotiabank sobre la aplicación del numeral 5 del artículo 269 de la ley de Banca, que podría facilitar el proceso.
El fideicomiso, que se encuentra en una cuenta del Scotiabank, ha sido un punto de conflicto debido a la demora en su liberación, lo que ha impedido que los extrabajadores reciban los pagos adeudados.
Richard Almerco, representante de A-1, afirmó que la empresa liquidadora continuará trabajando junto a los representantes laborales para encontrar una solución definitiva.
“El 19 nuevamente estaremos presentes acá (sede del Minem) en búsqueda de la solución definitiva”, declaró Almerco.
La situación de los ex trabajadores de Doe Run Perú ha sido un tema de preocupación desde que la empresa entró en liquidación, dejando a muchos empleados sin recibir sus compensaciones. La liberación de estos fondos es vista como un paso crucial para resolver las deudas pendientes y proporcionar un alivio a los afectados.
¿Qué pasó en La Oroya? La agenda pendiente de Doe Run
El complejo siderúrgico de La Oroya comenzó sus operaciones en 1922 bajo la propiedad de Cerro de Pasco Corporation, transformando minerales en metales como cobre, plomo y zinc. En 1974, el gobierno peruano nacionalizó el complejo, transfiriendo su gestión a Centromin Perú S.A..
Dos décadas después, Doe Run se interesó en adquirir el complejo, creando una filial peruana, Doe Run Perú, para cumplir con las leyes locales que exigían que solo una empresa peruana pudiera realizar la compra.
En 2007, las hermanas Kate Reid y Megan Heeney presentaron demandas en Missouri contra Doe Run, alegando que la empresa no cumplió con la reducción de emisiones de plomo en La Oroya, Perú, lo que habría causado daños cognitivos irreversibles a niños locales.
Las demandas se basan en la teoría de que Doe Run Perú estaba controlada desde Estados Unidos por su empresa matriz, exponiendo a los demandantes a niveles peligrosos de plomo, según la legislación de Missouri.
El caso legal se centra en el incumplimiento del Plan de Gestión para la Remediación Medioambiental, que exigía la reducción de emisiones tóxicas. Las hermanas Reid y Heeney actuaron como representantes de los niños afectados, argumentando que las decisiones tomadas por los ejecutivos de Doe Run en Estados Unidos resultaron en la exposición al plomo.
Continúan los juicios por La Oroya
En el marco del prolongado conflicto legal, The Renco Group y el Gobierno de Perú continúan enfrentándose en un arbitraje internacional relacionado con el complejo metalúrgico de La Oroya.
Este proceso, iniciado en 2018, se encuentra bajo la administración de la Corte Permanente de Arbitraje. Según CIAR Global, el tribunal encargado de resolver esta disputa está compuesto por Bruno Simma como presidente, Horacio Grigera Naón designado por la parte demandante, y Christopher Thomas QC por la parte demandada.
El caso se centra en las medidas adoptadas por el gobierno peruano, que incluyen la exigencia de cumplir con ciertos Estándares de Calidad Ambiental del Aire en el complejo de La Oroya.
Entre estas medidas, destaca la regulación de las emisiones de dióxido de azufre, que no debían superar los 20 microgramos por metro cúbico. Este requisito ha sido uno de los puntos de discordia en el arbitraje, ya que The Renco Group alega que estas regulaciones afectaron sus operaciones.
Este no es el primer enfrentamiento legal entre las partes. Un procedimiento anterior se llevó a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (CIADI) entre 2011 y 2016. En esa ocasión, el tribunal determinó que no tenía jurisdicción para resolver el caso, lo que resultó en un fallo favorable para Perú.
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