La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictaminado que Perú es responsable de vulnerar los derechos de 80 residentes de La Oroya, una localidad ubicada en los Andes peruanos. Estos ciudadanos han sufrido los efectos de la contaminación por metales pesados y han esperado casi dos décadas por este fallo.
La sentencia incluye medidas de indemnización económica y obliga al Estado a tomar acciones específicas para remediar el daño causado a la salud y el bienestar de las víctimas. El Perú deberá brindar un plan de reubicación para las familias afectadas, tratamiento médico especializado y apoyo psicológico gratuito.
Pues los habitantes durante años han lidiado con la actividad minera en la región, la cual ha resultado en una exposición prolongada a metales pesados. Además, se pone énfasis en los derechos de los niños y niñas, como el caso de dos menores de 14 y 5 años, quienes fallecieron como resultado de las enfermedades adquiridas por la contaminación.
Desde 1922, en La Oroya, un distrito de más de 33 mil habitantes, operó un complejo metalúrgico para fundir y refinar plomo, cobre, zinc y arsénico. Inicialmente, perteneció al Estado, a través de la empresa Centromin. Posteriormente, pasó a la empresa privada Doe Run Perú, pero la Corte aclaró que aun así el Estado tenía que regular, supervisar y fiscalizar.
Indemnización para las familias afectadas
En su veredicto, la Corte IDH especificó montos indemnizatorios, que incluyen pagos de hasta US$ 35,000 dólares para algunos de los afectados, así como el reembolso de costas y gastos legales.
La Corte reconoció que, aunque existe una falta de pruebas que dificulta cuantificar exactamente los gastos incurridos por las víctimas, es evidente que han enfrentado gastos médicos significativos y pérdida de ingresos como resultado directo de la contaminación. Particularmente, en los casos de aquellos que fallecieron debido a enfermedades relacionadas con la exposición a metales pesados, se estableció una compensación mayor.
Además, se resaltó el sufrimiento y el impacto en los proyectos de vida de los afectados, dictaminando sumas compensatorias específicas para niños, niñas, mujeres y personas mayores, reconociendo su especial vulnerabilidad.
La decisión de la Corte IDH marca un precedente importante en cuanto a la responsabilidad del Estado en casos de contaminación ambiental y sus repercusiones en los derechos humanos de los ciudadanos. Este fallo no solo señala la necesidad de una indemnización justa para las víctimas directas y sus familiares, sino que también subraya la importancia de adoptar medidas para prevenir situaciones similares en el futuro.
La sentencia refleja un paso significativo hacia el reconocimiento y la reparación de las injusticias sufridas por las comunidades afectadas por la degradación ambiental.
- US$ 15 mil para cada una de las víctimas directas afectadas por la contaminación
- US$ 35 mil para las familias de los fallecidos por la contaminación
- US$ 25 mil para víctimas menores, mujeres o personas mayores debido a su especial condición de vulnerabilidad, y las afectaciones diferenciadas provocadas por ello.
Yolanda Zurita, representante ante la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, declaró cómo recibió la noticia sobre la sentencia que falló a favor de 80 residentes de La Oroya.
“Es una buena noticia frente a este sufrimiento que por muchos años estamos sufriendo por la afectación de la contaminación a partir de la actividad metalúrgica en este caso. La recibo con ese sueño de tener una atención integral, multisectorial, de prevención y de tratamiento a esta afectación que ahora la Corte ha reconocido y nos está dando razón”, respondió en entrevista con el medio arequipeño El Búho.
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