Premier reconoce que el paro de transportistas redujo la circulación de buses al 50% en Lima

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, intentó minimizar el paro de transportistas a un día de la manifestación; sin embargo, durante las primeras horas del jueves 10 de octubre tuvo que reconocer que la protesta sí impactó a la ciudadanía. En conversación con Radio Nacional, el representante del gobierno de Dina Boluarte señaló que la circulación de transporte público en la capital se redujo al 50%.

Gustavo Adrianzén culpó a los promotores del paro de transportistas por el bajo flujo de buses en Lima señalando que el temor difundido habría amilanado a un grupo de choferes y cobradores. El premier espera que durante las próximas horas los miembros del gremio de transportistas reanuden sus labores. Sus declaraciones aparecen cuando decenas de ciudadanos luchan por llegar a sus centros de labores.

“En general hay menos autobuses de transporte público. No he visto presencialmente toda la ciudad, pero por lo que he recorrido me atrevería a pensar que hemos cubierto el 50% del total”, dijo el titular de la PCM a la radio estatal. Adrianzén aseguró que “la tranquilidad es absoluta” en toda Lima Metropolitana gracias a la presencia de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en los distritos declarados en estado de emergencia; sin embargo, las extorsiones y asesinatos no se han detenido a pesar de la medida.

La legitimidad del paro de transportistas fue puesta en duda cuando el representante del gobierno indicó que al reclamo de los gremios se han sumado algunas agrupaciones políticas y sus intereses particulares. “Aquel reclamo atendido por el gobierno luego da un giro y de pronto ya no es la seguridad para el transporte, ahora es la ley de crimen organizado, vuelta a la Constitución de 1979, vacancia de Dina Boluarte, nueva Constitución y libertad para Pedro Castillo”, dijo Adrianzén a la prensa.

Primeras horas

Desde la mañana del 10 de octubre, diversos transportistas optaron por paralizar sus actividades para reclamar una respuesta clara del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso frente a la ola de asesinatos. Redes de extorsión han cobrado la vida de diversos integrantes del gremio por no haber pagado cupos de hasta S/7. Este es el segundo intento de los choferes y cobradores para que la clase política tome acciones ante la inseguridad ciudadana.

El Ejecutivo ha decretado estado de emergencia en 16 distritos de Lima y Callao, pero la medida no ha detenido los asesinatos ni amenazas. Dina Boluarte y el Congreso han insistido en llamar terrorismo urbano a la crisis de inseguridad que enfrenta el país y han anunciado la presentación de un proyecto de ley que emplea el término señalado. Diversos especialistas han resaltado que la iniciativa no será clave para superar la ola de criminalidad y que solo dificultará la labor de jueces y fiscales.

El premier Gustavo Adrianzén en un intento por defender la propuesta, indicó que se está impulsando el proyecto para “no regresar a los años oscuros del 2022-2023″, esto en clara referencia a las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte que tuvo como saldo diversos ciudadanos asesinados por las fuerzas del orden.

En conversación con Infobae Perú, el politólogo Noam López cuestionó la propuesta y señaló que, aún así, es la menos peligrosa de las que se han venido promoviendo. La ley de crimen organizado sería una de las que más problemas traería en el corto plazo. Por su parte, el cardenal Carlos Castillo ha instado a la clase política que derogue la mencionada norma.