En septiembre de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU condenó al Estado peruano por violar los derechos de Camila, una niña indígena que fue víctima de violación desde los 9 años y a quien se le obligó a continuar con su embarazo.
Un año después, esta situación refleja un problema más amplio en Perú, donde miles de niñas y mujeres víctimas de violación sexual son forzadas a ser madres, en un contexto de creciente violencia sexual y debilitamiento de los derechos sexuales y reproductivos.
En este escenario, Amnistía Internacional ha lanzado en Perú una campaña titulada Otra historia es posible, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual de niñas y mujeres.
“Son niñas a las que se les trunca sus proyectos de vida, son forzadas a ser madres. Es tortura, en realidad. Son niñas que no tendrán una vida libre de violencia. Las mujeres que son forzadas a ser madres producto de una violación, finalmente, corren la misma suerte. Por eso se toma el ejemplo de la Caperucita Roja, una niña que se enfrenta a la violencia del lobo en el bosque. En el Perú, el final no es feliz”, dijo María Paz de la Cruz, coordinadora de Campañas de Amnistía Internacional Perú.
Según cifras oficiales, en 2023 un total de 1.353 niñas de 14 años se convirtieron en madres en Perú, incluyendo a cuatro niñas menores de 11 años. En muchos casos, el Estado peruano obstaculizó su derecho al aborto terapéutico, poniendo en riesgo sus vidas.
Esta situación ha sido denunciada por diversas organizaciones y organismos internacionales, que exigen la despenalización del aborto en todos los supuestos de embarazo infantil y el acceso garantizado a servicios de aborto seguro para las niñas embarazadas.
“Se reporta la desaparición de una niña, y en unos meses podría llegar con un embarazo al hospital y, lamentablemente, se le va a negar el aborto en cualquier hospital. Lo mismo con la Bella Durmiente, un cuento clásico que, en la práctica, nos narra otro abuso contra una mujer. Por eso la campaña señala que otra historia es posible”, enfatiza María Paz de la Cruz.
ONU pide despenalizar el aborto infantil en el Perú
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido explícitamente que se despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que se garantice el acceso a servicios de aborto seguro.
Sin embargo, a pesar de este dictamen, casi no se han registrado avances en su cumplimiento. En muchos casos, el aborto terapéutico sigue siendo obstaculizado, a menudo bajo sesgos religiosos y prejuicios morales.
La situación de Camila es emblemática de un problema estructural en Perú, donde las víctimas de violación sexual no solo enfrentan la violencia de sus agresores, sino también la revictimización y criminalización por parte de las autoridades que deberían protegerlas.
La falta de acceso a servicios de salud adecuados y la imposición de continuar con embarazos no deseados agravan la vulnerabilidad de estas niñas y mujeres.
Débil respuesta del Estado peruano
Perú enfrenta una crisis alarmante en cuanto a la violencia sexual contra mujeres y niñas, con cifras que reflejan una situación crítica. En 2023, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 11.944 casos de violación sexual a mujeres, según datos recientes.
Además, cada día, aproximadamente 21 niñas y adolescentes menores de 17 años acuden a estos centros en busca de ayuda tras haber sido víctimas de violación sexual.
Estos kits son esenciales para proporcionar atención médica y psicológica inmediata, así como para preservar pruebas cruciales para posibles procesos judiciales.
La situación de desprotección se agrava con los retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en los últimos años. La falta de recursos y apoyo adecuado para las víctimas de violación sexual refleja un problema estructural que requiere atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad en general.
Los Centros de Emergencia Mujer desempeñan un papel crucial en la atención a las víctimas, proporcionando servicios de asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento en el proceso de denuncia.
Sin embargo, la demanda supera con creces la capacidad de respuesta de estos centros, lo que deja a muchas víctimas sin el apoyo necesario y a merced de una sociedad inquisidora.
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