Caso ‘Camila’: Gobierno de Dina Boluarte negó beca de estudios e indemnización a niña indígena violada e impedida de abortar

La administración de la presidenta Dina Boluarte ha negado una beca integral de estudios universitarios y una indemnización económica a ‘Camila’, una niña que fue violada durante años por su padre y a la que se le negó el aborto legal, un caso que llevó al Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños a determinar hace un año que el Estado peruano había violado sus derechos.

Según un informe difundido el domingo por Salud con Lupa, ‘Camila’ asistió a una reunión con los abogados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional en el Ministerio de Justicia en marzo pasado para expresar sus expectativas de reparación.

Solo le sugirieron postular al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), una decisión que fue criticada por la abogada Isbelia Ruiz, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), quien recalcó que el Estado debería crear una norma temporal que le permita acceder a la educación.

El Ministerio de Salud, por su parte, rechazó entregarle la indemnización económica establecida por la sentencia de la ONU al señalar que “no le corresponde”, una postura que ignora precedentes de los casos K.L. (2015) y L.C. (2018). Hasta ahora, de las 10 recomendaciones del fallo sobre ‘Camila’, solo se ha publicado la versión completa en castellano en las plataformas oficiales del Gobierno, aunque queda pendiente su traducción al quechua.

Los sanitarios insistieron en que asistiera a citas prenatales y, al dejar de acudir, la buscaron en su casa, lo que agravó el estigma en su familia, comunidad y colegio, que tuvo que abandonar. La menor sufrió un aborto espontáneo, tras lo cual un fiscal abrió una investigación en su contra bajo la acusación de provocarse el aborto. Entonces, la obligaron, junto a su agresor sexual, a regresar a “la escena del crimen”.

Según el organismo, el representante del Ministerio Público desvió la atención de la investigación por violación para centrarse en un supuesto aborto autoinfligido, sin evidencias al respecto. A pesar del fallo, el portafolio de Salud no ha garantizado atención integral gratuita en salud mental a ‘Camila’, quien presentó depresión e ideación suicida.

Aunque se solicitó un tratamiento psicológico vitalicio gratuito, solo se le ofreció atención en el Centro de Salud Mental Comunitaria de Huanipaca (Apurímac), de donde escapó por estigmatización. Actualmente, psicólogos de Promsex, organización que la respalda legalmente, atienden su salud emocional.

Representantes de los ministerios de Educación y Salud no respondieron al respecto. De acuerdo con el reportaje, tampoco se ha designado un responsable estatal para coordinar el cumplimiento del fallo y la comunicación con ‘Camila’ y sus abogados. Aunque la directora ejecutiva de salud mental, July Caballero, fue propuesta para este rol, no se formalizó su designación.