Perú ha incumplido el histórico dictamen emitido el año pasado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que determinó que el Estado violó los derechos de ‘Camila’, una niña de trece años que fue abusada durante años por su padre y a quien se le negó un aborto terapéutico. En un pronunciamiento, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) alertó que esta “falta de voluntad política” para acatar el fallo implica un “terrible precedente ante la comunidad internacional”.
Promsex, que respalda legalmente a ‘Camila’, también rechazó la inacción estatal para subsanar las violaciones a los derechos y establecer mecanismos de protección para otras niñas en situaciones similares. La organización enfatizó la urgencia de cumplir con las medidas dictadas por el Comité para garantizar justicia y protección efectiva para las víctimas.
Entre las disposiciones, el Comité también requirió brindar a ‘Camila’ las condiciones necesarias para retomar su proyecto de vida, continuar sus estudios y acceder a servicios de salud mental. No obstante, Promsex denunció que el Ministerio de Educación se ha negado a otorgarle una beca de estudios y que el Ministerio de Salud ha rechazado concederle una indemnización económica, a pesar de que en casos similares sí se otorgaron compensaciones.
Isbelia Ruiz, abogada y coordinadora del área de Litigio Estratégico de la organización, resaltó que esta falta de acción del Gobierno pone en riesgo a miles de niñas, debido a la ausencia de mecanismos de protección contra la violencia sexual. “El año pasado, 1,353 niñas se convirtieron en madres, la mayoría víctimas de abuso sexual. Es alarmante que, a un año del dictamen de la ONU, el Estado no haya tomado medidas para evitar que estos casos se repitan”, sostuvo.
“Llevamos mucho tiempo proponiendo la aprobación de una guía con enfoque de niñez. Es la medida más efectiva para evitar casos como el de ‘Camila’. El personal de salud debe tratar a las niñas reconociendo su alto riesgo frente a un embarazo y no forzarlas a la maternidad. Lamentamos el poco compromiso de las instituciones del Estado para tomar acciones que eviten que más niñas peruanas enfrenten una vida con violencia”, concluyó.
Según un informe difundido por Salud con Lupa, ‘Camila’ asistió en marzo a una reunión con los abogados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia para expresar sus expectativas de reparación. A pesar de haber terminado la educación secundaria y soñar con una carrera profesional, su solicitud fue rechazada por el Ministerio de Educación bajo el argumento de que su caso no proviene de una sentencia de la Corte IDH. Solo le recomendaron postular al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).
La menor sufrió un aborto espontáneo y un fiscal abrió una investigación en su contra por presunto autoaborto. La obligaron a regresar a “la escena del crimen” con su agresor sexual. Aunque se solicitó un tratamiento psicológico vitalicio, solo se le ofreció atención en un centro de salud mental en Huanipaca, de donde escapó por estigmatización. Actualmente, psicólogos de Promsex atienden su salud emocional.
El Comité de los Derechos del Niño otorgó al Estado 180 días para cumplir sus obligaciones, plazo que venció en diciembre de 2023. El Ministerio de Justicia solicitó una prórroga, pero el equipo legal también ha criticado la falta de facilidades del Ejecutivo para la reparación.
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