Fiscalía inició diligencias contra Francisco Morales, magistrado del Tribunal Constitucional: ¿De qué se le acusa?

La fiscal suprema Delia Espinoza ordenó el inicio de diligencias preliminares de carácter complejo contra el magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Morales Saravia por presunto delito de cohecho pasivo específico, según una resolución a la que accedió Epicentro.

La acción surge tras la declaración de un colaborador eficaz, a la que accedió Infobae Perú, en la que se señaló a Morales Saravia como el nexo para que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides obtuviera apoyo en una demanda competencial contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según el documento, Patricia Benavides junto con sus exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao idearon la demanda competencial ante el riesgo de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendiera. Ello a partir de la remoción de Bersabeth Revilla, exfiscal suprema provisional, quien investigaba a la jueza Enma Benavides por presunto recibo de sobornos en favor de procesados por narcotráfico.

La redacción de dicho recurso se inició a principios de agosto de 2023 y fue presentado antes del 16 de agosto, plazo establecido por Morales Saravia. El entonces titular del TC ya había adelantado que la admitiría antes de viajar e, incluso, que sería ponente.

“Ella junto a Jaime Villanueva y Miguel Girao Isidro planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional porque tenían que aprovechar que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y por intermedio de él les harían el favor de declarar fundada la demanda competencial”, declaró el aspirante a colaborador eficaz.

“El 29 de agosto del 2023 como lo habían acordado la fiscal de la nación Patricia Benavides y el presidente del TC, Francisco Morales, a través del fiscal Marco Huamán, admitieron a trámite la demanda competencial porque el 31 de agosto el presidente del TC viajó al extranjero por varios días, además se hizo designar como ponente de la causa para garantizar con eso que mostraría una posición a favor en su informe para declarar fundada la demanda”, relató el delator ante el EFICCOP.

Ante el destape de dichas revelaciones, su entonces vicepresidenta y hoy titular del TC, Luz Pacheco, salió en su defensa. En diálogo con RPP, aseguró que las declaraciones en contra de morales son una “mentira total”. “Por el tono de los comentarios que he venido escuchando y publicaciones que he podido leer, se ha puesto en duda nuestra imparcialidad y, en particular, la del presidente. Llevamos meses, todo el país, conmocionado por dichos de colaboradores eficaces”, sostuvo.

“Ahí dice ese señor que habría ya contactado o que iba a contactar con otros tres magistrados. La mentira queda en evidencia porque ayer hemos sacado, casi por unanimidad, que era infundado lo que pedía, de que la JNJ no la podía investigar como fiscal de la Nación”, agregó.

Asimismo, detalló que en primera instancia Morales iba a ser el ponente, pero que por carga se optó por Pedro Hernández. “Cuando llegó la demanda competencial, y es en todos los procesos orgánicos -cuando hay acción de inconstitucionalidad, conflicto entre un poder del Estado y otro- es el pleno el que decide quién va a ser el ponente, no es por sorteo. En esa oportunidad el pleno decidió –(como) es un tema tan delicado que sea la fiscal de la Nación y la JNJ- que sea el presidente, y él aceptó”, afirmó.

“Pasó el tiempo, y el presidente tenía, como éramos menos, bastante carga, y se nombró al doctor Pedro Hernández. En el pleno, el doctor Morales dijo ‘yo quisiera que algunos de los procesos orgánicos que tengo a mi cargo pasen a otros magistrados’. Y en ese momento se decidió que fuera el doctor Pedro Hernández el que asumiera este caso”, agregó.

El proceso también incluye a otros dos funcionarios: Marco Huamán Muñoz, señalado como presunto autor de cohecho activo específico, y el juez Bacilio Cueva Chauca, considerado presunto autor del delito de tráfico de influencias.