“Decir que no hay hambre es negacionista”: desigualdad y crisis climática intensifican la inseguridad alimentaria en Perú

Una reciente encuesta de Ipsos ha vuelto a revelar datos preocupantes sobre la situación alimentaria en Perú, contradiciendo las afirmaciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien sostiene que en el país no existe hambre.

Según el estudio, el 42% de los encuestados declaró no haber podido comer en alguna ocasión debido a la falta de dinero, un indicador que coloca a esta población en una situación de inseguridad alimentaria grave, especialmente en las zonas rurales del país.

Para entender más a fondo esta realidad, Infobae Perú conversó con Salesky Rivas Collazos, abogada y especialista en seguridad alimentaria y crisis climática, que mediante la investigación trabaja de cerca siguiendo el desarrollo de estos temas.

De acuerdo a Rivas, los resultados de Ipsos no solo confirman el aumento de personas que no logran tener tres comidas diarias, sino que también muestran un desbalance nutricional que pone en riesgo la salud de los más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas. Por ello: “decir que no hay hambre es negacionista de la realidad a la que se enfrenta nuestro país”, apunta la abogada.

Estado peruano viola derecho a la alimentación

La encuesta de Ipsos destaca, en primer lugar, que un 13% de los encuestados manifestó comer dos o menos veces al día. Esta reducción en la frecuencia de las comidas expone a la población a un déficit calórico y, a la vez, incrementa el riesgo de malnutrición y enfermedades asociadas, como la anemia.

Además, el 22% de la población encuestada afirmó que consume carne o derivados solo dos o menos veces por semana. Dicha situación es bastante crítica, ya que la falta de proteínas de origen animal puede tener consecuencias altamente riesgosas, como la desnutrición crónica en los niños, que puede afectar su desarrollo físico y cognitivo a largo plazo.

En esa línea, Rivas enfatiza la necesidad de diferenciar entre la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Mientras que la primera se refiere a la disponibilidad y acceso a alimentos, el derecho a la alimentación implica una obligación del Estado de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una dieta adecuada.

Según Rivas, entender esta distinción es crucial, pues, hablar de derecho a la alimentación permite exigir al Gobierno medidas concretas para mejorar la situación alimentaria, priorizando las áreas más afectadas.

Asimismo, Rivas argumenta que exigir el cumplimiento del derecho a la alimentación podría ser clave para resolver los problemas actuales, a pesar de que este derecho no esté explícitamente detallado en la Constitución, pero sí esté respaldado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el ‘Pacto de San José’, del cual Perú forma parte.

Siguiendo esta perspectiva, la abogada destaca que la violación del derecho a la alimentación impacta negativamente en otros derechos relacionados.

En primer lugar, afecta el derecho a la vida, ya que la falta de alimentación puede provocar hambre, lo que compromete el derecho a la salud. Además, incide en el derecho a la educación, dado que, por ejemplo, un niño con anemia no puede rendir igual que uno bien alimentado.

Crisis sobre crisis: el impacto del clima en el hambre

Por otro lado, la encuesta revela también disparidades regionales en la inseguridad alimentaria. Así se evidencia sobre todo en las zonas rurales, donde el 51% de los ciudadanos reporta dificultades para acceder a alimentos, una cifra que refleja las profundas desigualdades entre los diferentes departamentos del país.

Dentro de este conjunto, el norte del Perú es la zona más afectada, con un 51% de la población enfrentando problemas alimentarios, seguido del sur con un 42%, el centro con un 41%, y el oriente con un 37%.

Sobre ello, la especialista subraya que estas brechas no solo se deben a factores económicos, sino también a las distintas vulnerabilidades geográficas de las regiones frente al cambio climático.

Por ejemplo, en las comunidades indígenas y rurales, especialmente en la Amazonía y Los Andes, el cambio climático se ha visto acentuado a través de las sequías prolongadas y las temperaturas extremas, que están afectando la producción agrícola y reduciendo la disponibilidad de alimentos en estas regiones.

Esto, a su vez, ha llevado a un aumento en la migración de la población hacia las ciudades grandes en busca de mejores oportunidades, lo que agrava aún más la crisis.

Todo queda en papel

En cuanto a la falta de acción del Estado para abordar la crisis alimentaria de manera efectiva, Rivas explica que, aunque existen programas sociales y esfuerzos para mejorar la situación, como la promoción de productos regionales en la dieta peruana, estas medidas son insuficientes y no llegan a las zonas más golpeadas.

Además, a ello se suma la falta de inversión en la agricultura familiar y en políticas de apoyo a los pequeños agricultores, dos factores adicionales que ‘alimentan’ esta crisis.

Esto debido a que muchos de estos productores agrarios, que son la base de la producción de varios alimentos en el país, están luchando para mantener sus cultivos en medio de la falta de recursos y sin apoyo del Gobierno.

Por ello, la especialista apunta que para abordar la inseguridad alimentaria, que afecta a un número creciente de peruanos con un impacto devastador en la salud y el bienestar de las comunidades más vulnerables, primero, es necesario que el Estado reconozca el derecho a la alimentación como un derecho fundamental y tome medidas urgentes para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una dieta adecuada y nutritiva.

“Yo considero que la apertura de comercio de alimentos es necesario, pero también hay que empoderar y manejar la promoción y la ejecución de las políticas de agricultura familiar, que van a permitir fortalecer la seguridad alimentaria”, concluyó.