La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se reunirá este martes 16 de julio para evaluar la reconsideración presentada por Patricia Benavides, destituida de su cargo como Fiscal Suprema y titular del Ministerio Público. La audiencia pública, que comenzará a las 9:00 a.m. en la sede de la JNJ, definirá el futuro de Benavides, quien busca revocar la sanción impuesta el pasado 22 de mayo.
La destitución de Benavides fue decidida por unanimidad por la JNJ en aquella fecha en donde, todos los jueces de la institución que revisa faltas administrativas y funcionales de jueces y fiscales supremos, encontraron a la exfiscal responsable de graves faltas disciplinarias. El informe de la jueza ponente María Zavala concluyó que Benavides actuó con dolo al interferir en la investigación contra su hermana, Enma Benavides, quien está acusada de recibir sobornos para liberar a narcotraficantes.
Además, se le acusaba de separar de su cargo a la fiscal Bersabeth Revilla sin justificación y de favorecer irregularmente a Miguel Ángel Vegas Vaccaro en su nombramiento como fiscal adjunto supremo provincial. En esta sesión, Patricia Benavides argumentará en su defensa que su destitución carece de base legal suficiente y que no se han valorado adecuadamente las pruebas que presentó a su favor.
Su abogado, Juan Peña, ya había adelantado que presentarían este recurso de reconsideración aunque sin muchas esperanzas de un resultado favorable a corto plazo. “Recurriremos también al Poder Judicial para encontrar justicia”, afirmó Peña en una entrevista previa
JNJ también revisará reconsideración de exjueza Enma Benavides
Simultáneamente, la JNJ también evaluará este martes los recursos de reconsideración presentados por las abogadas Enma Benavides y Azucena Solari. Enma Benavides, exjueza superior, busca anular la resolución de su destitución, que se fundamenta en la interferencia en la función fiscal para mejorar su posición en la investigación penal en su contra y en proporcionar declaraciones falsas a la prensa sobre sus antecedentes disciplinarios.
Por otro lado, Azucena Solari, sancionada por falta de independencia e imparcialidad en la validación de informes que llevaron a la remoción de Bersabeth Revilla, también intentará revocar su cese. La destitución de estas tres funcionarias podría ser reconsiderada, pero en caso de que las decisiones iniciales sean ratificadas, la JNJ procederá a cancelar sus títulos.
Como se sabe, la JNJ adoptó la decisión de destituir a Benavides tras revisar el informe de María Zavala. Dicho documento detallaba cómo Benavides había interferido en la investigación contra su hermana Enma, quien está implicada en un caso de presunta liberación de personas vinculadas al tráfico de drogas a cambio de dinero. Además, Zavala destacó que Patricia Benavides había tratado de manera degradante a Bersabeth Revilla al separarla de su cargo sin una justificación adecuada.
Las imputaciones contra Patricia Benavides, Enma Benavides y Azucena Solari
A las imputaciones más graves, se une también la acusación contra Benavides de haber favorecido a Miguel Ángel Vegas Vaccaro, a quien nombró fiscal adjunto supremo provincial, a pesar de existir sanciones disciplinarias previas contra él. Este acto fue visto como un intento de evitar que Vegas Vaccaro fuera procesado por presunta corrupción. Todos estos factores llevaron a la JNJ a concluir que Benavides no había mantenido una conducta ética durante su mandato.
En cuanto a las otras funcionarias evaluadas este martes, Enma Benavides enfrenta acusaciones por presunta interferencia en la función fiscal para alterar su situación en la investigación en su contra. La jueza superior está acusada de haber intervenido para manipular el curso de la justicia a su favor, lo que constituye una grave falta contemplada en la Ley de la Carrera Judicial.
Azucena Solari, por su parte, fue sancionada por la validación del informe que propició la destitución de Bersabeth Revilla, lo que representa faltas graves de acuerdo a la Ley de la Carrera Fiscal. Su defensa argumentará que la sanción fue desproporcionada y que actuó conforme a la ley y los procedimientos establecidos.
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