La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República evaluará un predictamen que busca suspender el registro en centrales de riesgo, como Infocorp, cuando los usuarios no reconocen sus deudas. El debate sobre esta propuesta comenzó el pasado 10 de junio, basado en el Proyecto de Ley N° 6317/2023-CR presentado por la congresista Katy Ugarte de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario.
En la última sesión de la comisión, la congresista Ugarte señaló que las denuncias por operaciones no reconocidas han aumentado, afectando a usuarios que se percatan de su situación solo cuando ya han sido reportados negativamente. Ugarte criticó los largos plazos que las entidades financieras tienen para resolver estos reclamos, generando malestar entre las víctimas.
El proyecto de ley fue sometido a votación sin obtener un resultado definitivo. Ante ello, Ugarte solicitó una reconsideración, que fue aceptada por el presidente de la comisión, Wilson Soto, quien convocará a una sesión extraordinaria para su nueva votación, la que debe darse en la siguiente semana.
¿Qué dice la propuesta?
El Proyecto de Ley 6317/2023-CR, propone la suspensión preventiva de la publicación de personas reportadas como morosas en las centrales privadas de riesgo y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuando la deuda provenga de una operación no reconocida. Además, la iniciativa legislativa establece que las calificaciones negativas deben ser eliminadas durante el proceso de reclamo hasta que se determine la responsabilidad del usuario, con el fin de proteger su imagen financiera, su salud emocional y su plan de vida.
Actualmente, el numeral 42.4 del artículo 42 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que la información errónea debe retirarse de inmediato, bajo responsabilidad y costo de la central de riesgo. El proyecto de ley propone agregar un texto que ordena la suspensión preventiva de la publicación del informe de deuda cuando exista un proceso de reclamación en curso, quedando redactado de la siguiente manera:
Esta iniciativa legislativa pretende proteger a los usuarios financieros que, siendo víctimas de deudas fraudulentas, han sido reportados en las centrales privadas de riesgo y en la SBS. El objetivo es suspender preventivamente estas publicaciones hasta que se demuestre la responsabilidad del usuario.
Posiciones en contra del proyecto de ley
Fiorella Zumaeta, del estudio Miranda & Amado, en declaraciones al diario Gestión, advirtió sobre posibles efectos negativos de la medida, como el incentivo para que deudores presenten reclamos y evadan reportes, generando incertidumbre en el mercado financiero y ello afectaría a los usuarios, ya que se elevarían las tasas de interés de los préstamos. Además, propuso mayor fiscalización de Indecopi para resolver los reclamos de forma más rápida y sancionar los reportes indebidos.
Por su parte, Rolando Castellares, especialista en derecho bancario, indicó al referido medio que el proyecto tendría fundamento “solo si las negativas de veracidad de las operaciones fueran demostradas administrativamente o judicialmente”. Castellares sugirió incluir medidas para evitar las operaciones falsas y sancionar a quienes niegan falsamente deudas.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también ha expresado su oposición al Proyecto de Ley 6317/2023-CR, indicando que la iniciativa afecta el sistema de información sobre la capacidad crediticia de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero. La CCL señaló que proporcionar información precisa y actualizada sobre la salud crediticia de personas y empresas es crucial para prevenir la acumulación excesiva de deudas y mitigar el riesgo en todo el sistema de pagos.
Como alternativa al proyecto, la CCL propuso ante la Comisión de Defensa del Consumidor que, en casos de reclamos por deudas no reconocidas, esta situación se refleje en el sistema de información crediticia. De este modo, los usuarios podrían conocer esta información y tomar decisiones informadas basadas en ello.
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