Desde el inicio del año, la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, se vio inmersa en una lucha constante contra las extorsiones y la violencia, una problemática que parece no dar tregua. El estado de emergencia declarado por el Ejecutivo hace casi cinco meses en las provincias de Pataz y Trujillo fue prorrogado una vez más, esta vez con un énfasis renovado en la seguridad nacional y el desarrollo económico.
El jefe de Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la decisión de extender el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Pataz en La Libertad y en localidades de Loreto, que inicia a partir de la tercera semana de junio.
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Los primeros brotes de criminalidad en Loreto
La decisión de prorrogar el estado de emergencia se fundamenta en la necesidad de enfrentar la creciente actividad criminal que afecta estas regiones. En el Putumayo, la presencia cada vez más marcada de bandas criminales, especialmente en la triple frontera con Ecuador y Colombia, ha generado una preocupación. La minería ilegal y el tráfico de drogas son solo algunos de los problemas que se intensificaron en las fronteras individuales con ambos países.
La prórroga del estado de emergencia en Mariscal Ramón Castilla responde a la necesidad de enfrentar las actividades criminales que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región.
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Trujillo y Pataz seguirá en estado de emergencia
En referencia a la medida adoptada en Pataz, se destacó que esta estará en vigor a partir del 13 de junio, extendiéndose por un lapso de 30 días. El propósito es contrarrestar la presencia de organizaciones criminales en la región, las cuales han ejercido un impacto negativo en la actividad minera.
En lo que respecta al estado de emergencia en Trujillo, se confirmó que también se extenderá por 30 días a partir de la misma fecha mencionada anteriormente.
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La criminalidad es un negocio en el norte del país
La situación en Trujillo y Pataz ha llegado a un punto crítico, según los expertos. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, admitió públicamente que ambas provincias están siendo infiltradas por la delincuencia. “Estamos planteando que las Fuerzas Armadas tomen el control de dos provincias, la de Pataz y la de Trujillo”, expresó la autoridad.
Para Yuri Castro, periodista especializado en crónica policial, la clave para combatir la delincuencia en La Libertad radica en atacar su fuente de financiamiento. “El crimen es un negocio en Trujillo”, afirma. Según su análisis, golpear el dinero de las bandas criminales sería fundamental para desarticularlas, reduciendo su influencia en instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.
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Además, alerta sobre la violencia creciente de las bandas criminales, que incluso utilizan explosivos para extorsionar. Mientras tanto, la policía parece estar cada vez más debilitada. “La Tercera Dirección Territorial Policial tiene más agentes en Tránsito que en Asesinatos y Extorsiones”, revela Castro. “¿No deberían destinarse más efectivos a combatir el crimen, que es lo que realmente afecta a la ciudadanía?”, cuestiona.
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