Oficializan ampliación de estado de emergencia en Trujillo y Pataz donde crímenes y asesinatos continúan

El Poder Ejecutivo extendió oficialmente el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, ambas ubicadas en el departamento de La Libertad, por un período adicional de 60 días, con inicio el 14 de abril de 2024. Este anuncio se realizó a través de publicaciones en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, marcando una continuidad en las medidas excepcionales dirigidas a mantener el orden interno en ambas localidades.

Esta prórroga implica que la Policía Nacional del Perú (PNP), con el respaldo de las Fuerzas Armadas, será responsable de asegurar el orden en estas áreas. Se ha indicado, además, una restricción en la realización de eventos sociales y espectáculos entre las 00:00 y las 4:00 horas. Esta acción se enmarca dentro de lo estipulado por el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución, que permite la suspensión o restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales en contextos de emergencia.

La intervención de las fuerzas del orden se regirá bajo estrictos protocolos y disposiciones legales, específicamente el Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, así como el Decreto Legislativo sobre las reglas de empleo y uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en territorio nacional y su respectivo Reglamento. A ello se suma la aplicación del “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP

Atentado en Pataz

En un acto delictivo que sacudió a la localidad de Pataz, en La Libertad, mineros ilegales en alianza con criminales, perpetraron la detonación de dos torres de alta tensión el viernes 5 de abril, propiedad de la empresa Minera Poderosa. Este flagrante ataque no solo provocó daños materiales significativos sino que también desencadenó la muerte de una persona y dejó heridas graves a otras dos, pese a las medidas de estado emergencia vigentes en la región.

La escalada de violencia en la zona ha sido atribuida a las ambiciones de grupos ilícitos que buscan apoderarse de segmentos de la industria minera local. Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, señaló el móvil detrás de estos ataques, aludiendo a un enfrentamiento directo con los usurpadores. “Estamos enfrentando un ataque para repeler la toma ilegal de parte de nuestras operaciones”, declaró en una entrevista concedida a Canal N.

Posterior a este incidente, la situación se agravó aún más cuando mineros ilegales derribaron otras 14 torres de alta tensión durante la tarde, en un contexto donde más de 300 efectivos entre Policía Nacional y Ejército respaldaban la seguridad en el área. “A pesar del estado de emergencia y el significativo despliegue de fuerzas de seguridad, nuestra infraestructura ha sido nuevamente objetivo de actos vandálicos”, manifestó la empresa a través de un comunicado.

Últimos crímenes en Trujillo

Esta semana, en el Porvenir, distrito de La Libertad, una familia ha sido el blanco de dos ataques con dinamita en menos de 48 horas, en un claro intento de extorsión que exige el pago de 100.000 soles. Los atacantes han amenazado de forma directa a la familia, incluyendo a sus hijos, si no se efectúa el pago demandado. Este incidente se suma a la ya preocupante situación de seguridad que enfrenta el distrito, considerado el más peligroso de la región según el índice de incidencia delictiva y criminal.

Los ataques ocurrieron la noche del 9 de abril y dos días después, donde los extorsionadores no solo utilizaron explosivos para intimidar a la familia, sino que también recurrieron a amenazas directas a través de un video que circula en redes sociales.

En el video, se puede observar a un grupo de individuos encapuchados advertir al cabeza de familia sobre las consecuencias de no acceder a sus demandas.