La comunidad nativa Unipacuyacu, del pueblo indígena Kakataibo, situada en el distrito Codo del Pozuzo, en la región de Huánuco, ha denunciado que sus ríos San Alejandro, Pacuyacu y Sungaroyacu están altamente contaminados debido a laboratorios clandestinos vinculados al procesamiento de cocaína.
De acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes vienen acompañando en materia legal a los denunciantes, los desechos químicos de estos laboratorios contaminan el agua que consumen diariamente. Pero ese no es el único problema.
Pues, Marcelino Tangoa, apu de Unipacuyacu, indica que la falta de profesionales de la salud en la comunidad agrava la situación, además de que los químicos utilizados por sospechosos de narcotráfico están afectando la flora y fauna fluvial, y también a los habitantes.
Comunidad reporta aumento de enfermedades
Por otro lado, el apu de Unipacuyacu señala que varios miembros de la comunidad indígena han presentado enfermedades gastrointestinales y dérmicas, probablemente relacionadas con la calidad del agua, sostiene la autoridad indígena.
Para abordar el tema, en febrero, la comunidad envió una carta al Ministerio de Salud (Minsa) y al Gobierno Regional de Huánuco solicitando una intervención integral y un estudio de la calidad del agua para consumo humano.
Como respuesta, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco fue instruida por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Minsa para realizar estudios de calidad del agua en Unipacuyacu a fin de detectar la presencia de metales y metaloides en el agua.
Sin embargo, a pesar de este anuncio, el líder de la comunidad asegurar que aún no han recibido ninguna visita para la toma de muestras de agua.
Comunidad exige titulación de sus tierras hace 32 años
En el marco del avance de esta economía ilegal en el territorio indígena, la comunidad ha presentado una demanda contra la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco (DRAH) por no culminar el proceso de titulación de sus tierras ancestrales, desde hace 32 años.
La última acción legal presentada el 10 de abril de 2024 busca que el Poder Judicial obligue a la DRAH a entregar un título de propiedad colectivo, necesario para el reconocimiento y la protección de su territorio.
Heridas abiertas
Durante más de tres décadas, Unipacuyacu ha solicitado sin éxito la titulación de sus tierras, las cuales han sido invadidas y degradadas por actividades ilegales como la minería, la tala y el narcotráfico. En 2020, la situación se vio agravada con el asesinato de Arbildo Meléndez Grandéz, exjefe y defensor de derechos humanos de la comunidad, asesinado debido a las amenazas provenientes de estas economías ilícitas.
Los testimonios de los miembros de la comunidad indican que los esfuerzos del Estado han sido insuficientes para combatir estas actividades ilegales.
Pues, actualmente, los cacataibos de Unipacuyacu controlan menos del 1% de su territorio original de aproximadamente 24 mil hectáreas. Además, denuncian la persistente falta de reconocimiento oficial por parte de las autoridades.
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