
El último jueves, ciudadanos de diversas regiones del Perú se congregaron en la capital para movilizarse y manifestar su preocupación por las consecuencias mortales y de salud que la contaminación por metales pesados ha causado históricamente en sus comunidades.
Durante la jornada de protesta, las personas se presentaron frente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), exigiendo una mayor atención sanitaria y asignación de recursos para enfrentar esta problemática, señalando que las mineras transnacionales siguen siendo las principales responsables de la afectación de ríos, lagos y del deterioro de la flora y fauna.
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Actualmente, esta situación viene impactando a 3 de cada 10 peruanos, siendo en total más de 10 millones de personas expuestas a dichos riesgos, según datos del Ministerio de Salud.
Ante ello, la plataforma nacional de los afectados por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas ha tomado la iniciativa de convocar a este grupo poblacional conformado por ciudadanos de los departamentos de Pasco, Cuzco, Junín, Cajamarca, Apurímac, Puno, entre otros.
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Esto con el objetivo de visibilizar los impactos en la salud física y mental que la presencia de metales pesados como el plomo y el mercurio tiene en la población y la naturaleza.

¿Qué se demanda exactamente?
La demanda central por parte de estos ciudadanos se enfoca en la necesidad de implementar medidas efectivas contra la contaminación generada por las actividades extractivas.
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Para ello, la plataforma —integrada por afectados de las regiones de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Loreto, Lambayeque, Amazonas, Pasco, Junín, Huancavelica, Moquegua, Puno, Cusco, Lima provincias y Callao— busca no solo reconocimiento y actuación por parte de las autoridades, sino también apoyo médico especializado y financiamiento para mitigar los daños ya causados.
Esto teniendo en cuenta que el 8 mayo de 2023, el Congreso de la República aprobó recientemente la Ley N.º 31189, diseñada para abordar y mitigar los problemas de salud derivados de la contaminación por metales pesados y sustancias químicas peligrosas.
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Afectados no ven avances del Poder Ejecutivo
La medida legislativa se enfoca especialmente en salvaguardar los derechos a una salud adecuada y a vivir en un ambiente libre de contaminación, poniendo énfasis en la protección de las comunidades vulnerables.
Está encaminada a fortalecer los procesos de prevención y atención médica para aquellos afectados por este grave problema ambiental y de salud pública, de la mano con la participación ciudadana activa en estos procesos.
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Asimismo, la implementación de esta normativa exigirá una colaboración multisectorial, sumando esfuerzos del Ministerio de Salud (Minsa) y los otros nueve ministerios, lo cual subraya su alcance transversal y la importancia de la cooperación entre todas las carteras.
En ese marco, un componente clave de la ley es la creación y actualización del Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, el cual debe facilitar el acceso a información vital sobre la incidencia y prevalencia de los casos.
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No obstante, a la fecha, los afectados por metales pesados aún no ven los avances anunciados por el Poder Ejecutivo para darles tratamiento médico y atención integral.
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