Los abogados de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se negaron a entregar el celular de su patrocinada al equipo que lidera la fiscal suprema Delia Espinoza, quien lo había pedido voluntariamente en enero. Asimismo, presentaron una protección de derechos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien revisó la petición en una audiencia el lunes.
Durante la cita, el abogado Juan Peña invocó precisar qué se busca en el dispositivo, ya que contiene información “secreta” a la que no se podría acceder “por más que se quiera esclarecer” los hechos que implican a la suspendida magistrada en una investigación sobre una red de tráfico de influencias que presuntamente lideraba.
Agregó que, de lo contrario, “no solo se va a vulnerar la vida privada de la doctora Benavides, sino que además se va a hacer de conocimiento público [asuntos privados] por las distintas filtraciones [a la prensa] de la carpeta 1228-2023, [que sigue el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’]”.
En este proceso, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos atribuye a Benavides siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real.
Aunque la defensa de la exfiscal alega que la solicitud también viola el debido proceso y el derecho de defensa, Espinoza puntualizó que las precisiones requeridas “estaban claramente descritas y señaladas en la disposición”.
“Si hay una entrega voluntaria, se hace un acta de recepción, se lacra para posteriormente convocar a una diligencia de deslacrado y de actuación propia, con presencia de los abogados defensores y de la Procuraduría del Estado. [...] Definitivamente, nosotros no íbamos a ir más allá. Lo que se pretendía extraer es lo únicamente vinculado a la materia de investigación. [...] Como no lo presentó, no hay afectación a su derecho fundamental”, matizó.
Villanueva ha confirmado la veracidad de unos chats que dieron origen a una investigación abierta a una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público. Según la tesis fiscal, esas coordinaciones fueron realizadas con legisladores para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura.
El Ministerio Público también incorporó en la investigación al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, además de los exfiscales adjuntos supremos, Carlos León y Marco Huamán.
En rigor, los parlamentarios incursos el proceso son Martha Moyano, Patricia Chirinos, Alejandro Soto, José María Balcázar, José Williams, Katy Ugarte, César Revilla, Luis Aragón, José Jerí, Jorge Flores Ancachi, Edgar Tello, Germán Tacuri, Ilich López Ureña y Luis Cordero Jon Tay.
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