Cinco años atrás, en enero de 2019, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) se resignaba a volver a la cárcel para completar su sentencia por violaciones a los derechos humanos, luego de que la justicia peruana revocara el indulto que recibió en la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Siento que el final está cerca [...] Si en la tranquilidad de estar hospitalizado atravieso por una peligrosa montaña rusa cardiaca, en prisión la situación será mucho más grave e inestable. [...] Es una condena de muerte lenta y segura”, dijo entonces a la agencia AFP en un manuscrito enviado desde la Clínica Centenario Peruano Japonesa, donde estaba hospitalizado tras una crisis cardíaca.
La semana pasada, el octogenario se dejó sonriente y caminando sin ayuda, aunque con la sonda nasal, al dejar otra clínica local donde ingresó de emergencia. Y este martes, volvió a marcar la agenda al emitir sus primeras declaraciones políticas mientras era fotografiado por sus partidarios durante un paseo por el Jockey Plaza.
Aunque aseguró que “todavía es prematuro tomar decisiones” respecto a la postulación de su hija Keiko en las próximas elecciones, anticipó que “el fujimorismo va a estar presente” en la contienda “porque aún hay público”. De igual modo, reveló un “acuerdo” del partido naranja para que la mandataria Dina Boluarte permanezca en el poder hasta el 2026.
“El Gobierno de la presidenta va a continuar [hasta entonces], por lo menos Fuerza Popular así lo ha acordado”, remarcó en una entrevista difundida por el programa que conduce la periodista Milagros Leiva en la televisora Willax TV. Las declaraciones han desatado una ola de críticas por parte de legisladores, voces políticas y académicos.
“El asesino y corrupto Fujimori, paseando por un centro comercial, no solo demuestra que no es un enfermo terminal que merezca un indulto humanitario, sino principalmente que sigue manteniendo su infinito desprecio por las víctimas de su insania y la de sus esbirros en su gobierno”, apuntó el exprocurador Julio Arbizu.

Los simpatizantes naranjas admiran al exdictador por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), así como por haber detenido la “hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alan García (1985-1990).
Sin embargo, durante ese régimen también se cometieron graves violaciones de derechos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien sigue preso.
El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, algunos diputados de izquierda y una exministra de Pedro Castillo, también se pronunciaron sobre la vuelta del octogenario al terreno político. “Alberto Fujimori convalida que el gobierno de Dina Boluarte es el tercer mandato fujimorista”, indicó Cerrón desde la clandestinidad.
“Queda claro, entonces, que las violaciones de derechos humanos, el golpismo, el entreguismo de los recursos naturales y del patrimonio del Estado, que es práctica cotidiana del gobierno de Boluarte, es la continuidad de lo mismo que fue el gobierno de Fujimori”, mencionó la congresista Margot Palacios (Perú Libre).
“Montesinos es un criminal y ha sido condenado por ello. Cometió delitos, no errores, como dice Fujimori, otro criminal, también condenado por cometer delitos e indultado ilegalmente por supuestas razones humanitarias; hoy se pasea por las calles como si nada”, señaló Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú).
La polémica en torno a la figura de Fujimori salpica a sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que espera el inicio de un juicio por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado por tráfico de influencias. Las réplicas de este nuevo sismo político recién han comenzado.
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