
El Poder Judicial continuará analizando el libro “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, por el que se le acusa a la presidenta Dina Boluarte de presunto plagio. Ello, luego de que se declare inadmisible su apelación.
El titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial en Delitos Tributarios, Aduaneros, contra la Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima, Walher Huayllani Choquepuma, fundamentó que el recurso presentado por la defensa legal de la mandataria fue presentado fuera del tiempo establecido.
“El plazo para impugnar es una condición trascendente, y, en el caso de autos, el periodo para recurrir es de tres días, conforme al numeral 1 del artículo 414 del NCPP. El auto fue notificado a la interesada mediante correo electrónico el pasado veintiocho de noviembre; y la apelación se formuló el cuatro de diciembre, esto es, al cuarto día de la notificación, por tanto, resulta extemporáneo”, se lee en el documento.

Como es de conocimiento público, el abogado de la jefa de Estado presentó este recurso al conocer de la incautación de la obra coescrita con otros siete juristas, la cual Boluarte utilizó para postular a la plaza de
asesora de alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El libro de 176 páginas, que no consigna editorial ni tiraje, fue hallado por el periodista Christopher Acosta en la Biblioteca Nacional y, al someterlo a Turnitin, conocido software antiplagio, obtuvo un 55% de aparente copia.
Más de 20 páginas incluyen contenido copiado de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, del mexicano David Sower Valencia Duran y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió el reportaje. Incluso, la conclusión del libro fue calcada de manera íntegra.

Lo extraño del caso es que el libro solo fue utilizado por Boluarte y su colega Efraín Anaya, exconsejero destituido del antiguo CNM que la registró ante la Biblioteca Nacional del Perú. Sin embargo, al menos cuatro coautores declararon ante el Ministerio Público que desconocían de su existencia.
Cabe mencionar que, aunque aseguró que colaboraría con la investigación, no es la primera vez que interpone un recurso para detenerla. En octubre, su abogado solicitó la prescripción y aseguró que la jefa de Estado “se abstendrá” de ofrecer su testimonio, argumentando que el presunto ilícito habría sido cometido en el 2004, por lo que el plazo para las pesquisas ya habría vencido.
Delito no podría prescribir
Al respecto, la penalista Romy Chang mencionó que el delito no calificaría para la prescripción porque, “si bien ella lo hizo hace muchos años, lo cierto es que el libro está impreso, se sigue consultando en la biblioteca nacional y sigue difundiéndose; entonces los afectados continúan siendo afectados, por tanto, podemos hablar de un delito continuado”.
“Ella presentó en su currículum esta obra y, luego, cuando ya postula a un cargo mayor, retira el libro de su CV, lo cual nos hace ver que alguna presunción tenía de que esa obra no le pertenecía. Además, hay algo que llama la atención en este libro y es que no hay un editor”, acotó en diálogo con Latina Noticias.
En ese sentido, recordó que copiar ideas de otros “es un delito grave que está sancionado con una pena de hasta ocho años de cárcel, en el Código Penal”.

No es la única autoridad acusada de plagio
Boluarte no es la única autoridad acusada. El expresidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes también fueron señalados por lo mismo. A ellos se les suma el actual titular del Congreso de la República, Alejandro Soto, quien, de acuerdo a una investigación de Infobae Perú, al menos el 38 % de su tesis es una copia literal de artículos de otros autores. Tan es así, que los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino, a quienes Soto no citó, reconocieron el plagio.
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