Cómo denunciar la violencia de género en Perú: conoce las rutas de ayuda y las penas previstas por feminicidio

Perú registró 34 feminicidios y más de 1.800 denuncias por violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar entre enero y septiembre de 2026, según los registros del Ministerio Público. Las cifras exponen la persistencia de agresiones que pueden escalar hasta la muerte y revelan, a la vez, obstáculos para quienes buscan orientación, protección y una vía para formalizar una denuncia.

El caso de la influencer Carol Saldarriaga, agredida en un hecho que fue presentado como tentativa de homicidio, volvió a situar la violencia de género en el centro de la discusión pública. La situación puso en evidencia una dificultad frecuente: muchas víctimas desconocen qué institución debe recibir su denuncia o temen que el trámite no derive en medidas de protección oportunas.

Los datos oficiales también contabilizaron 225 casos entre posibles feminicidios y otras muertes de mujeres durante los primeros nueve meses del año. Esa categoría reúne expedientes que aún requieren una determinación fiscal o judicial sobre las circunstancias de la muerte, además de hechos en los que las autoridades analizan si existieron razones de género.

La Libertad, Santa y Lima Norte concentraron más denuncias

Los distritos fiscales de La Libertad, Santa y Lima Norte registraron la mayor cantidad de denuncias por violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar entre enero y septiembre. La concentración de casos en esas jurisdicciones muestra que el problema atraviesa zonas urbanas y regiones con dinámicas sociales distintas, por lo que la respuesta estatal requiere atención territorial y mecanismos accesibles para las víctimas.

La violencia dentro del hogar suele quedar oculta durante largos períodos. Las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales pueden ocurrir en relaciones de pareja, exparejas y entornos familiares. En muchos casos, la dependencia económica, las amenazas, la convivencia con el agresor o la falta de redes de apoyo dificultan que la persona afectada dé el primer paso ante una autoridad.

Una denuncia permite activar procedimientos de investigación y medidas de protección, aunque cada caso depende de su evaluación particular. Las víctimas pueden aportar información sobre agresiones previas, amenazas, lesiones, mensajes, audios, testigos u otros elementos que ayuden a reconstruir los hechos. La ausencia de alguno de esos elementos no impide comunicar una situación de violencia ante las instituciones habilitadas.

La denuncia puede iniciarse en una comisaría, la Fiscalía o un juzgado

Una de las vías de atención consiste en acudir a una comisaría. La víctima puede denunciar un hecho de violencia contra la mujer sin necesidad de presentar el Documento Nacional de Identidad. La falta de ese documento no debe convertirse en un impedimento para solicitar auxilio, dejar constancia de la agresión o recibir orientación sobre los pasos posteriores.

El trámite también puede comenzar ante el Ministerio Público, mediante una fiscalía, o ante un juzgado especializado en violencia. Cada institución tiene funciones distintas dentro del proceso: la Policía Nacional del Perú recibe denuncias e interviene ante hechos urgentes; la Fiscalía dirige la investigación penal cuando corresponde; y el sistema judicial puede disponer medidas para proteger a la víctima frente a riesgos identificados.

Los familiares o personas cercanas también pueden cumplir un papel ante una agresión. Un allegado puede acercarse a una dependencia policial para pedir información sobre los mecanismos disponibles y las acciones que puede adoptar. En las comisarías, las víctimas y sus acompañantes pueden ser derivados al área de familia, donde reciben indicaciones sobre la ruta de atención y los recursos estatales disponibles.

Las líneas de atención buscan reducir las barreras para pedir ayuda

Un recorrido por comisarías de tres distritos del sur de Lima evaluó la respuesta policial ante alertas de violencia de género. La atención observada fue descrita como cercana y positiva, después de una evaluación previa que había detectado deficiencias en la recepción de estos casos. La diferencia entre ambas revisiones apunta a la necesidad de sostener la capacitación del personal y los protocolos de atención.

Además de las dependencias policiales y judiciales, el Estado cuenta con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El servicio ofrece orientación para víctimas, familiares y personas que conocen situaciones de riesgo. Su función resulta relevante cuando la persona afectada necesita información inicial antes de concurrir a una comisaría, una fiscalía o un juzgado.

El país dispone también de más de 400 Centros Emergencia Mujer, distribuidos en distintas regiones. Estos espacios brindan orientación y atención especializada a personas afectadas por violencia. La red busca facilitar el acceso a apoyo legal, psicológico y social, además de orientar sobre las medidas de protección que pueden solicitarse según las características de cada caso.

El feminicidio puede recibir una condena de cadena perpetua

La legislación peruana establece que el feminicidio puede ser sancionado con penas de entre 20 y 30 años de prisión. En circunstancias agravantes, la condena puede llegar a cadena perpetua. El delito se configura cuando una mujer es asesinada por razones de género en contextos como violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder o discriminación.

La tentativa de feminicidio tiene prevista una pena de entre 15 y 20 años de privación de la libertad. La calificación jurídica de cada hecho corresponde a las autoridades encargadas de la investigación, que deben determinar la existencia de antecedentes de violencia, amenazas, vínculos entre víctima y agresor, así como otros elementos que permitan establecer el contexto del ataque.

Para los delitos de violencia sexual, la pena mínima prevista se ubica entre 14 y 20 años de prisión, de acuerdo con la modalidad del hecho y las circunstancias investigadas. Frente a un episodio de violencia, la búsqueda de ayuda inmediata puede ser determinante: acudir a una comisaría, contactar a la Línea 100 o recurrir a un Centro Emergencia Mujer son alternativas para iniciar una ruta de protección y denuncia.