Ana Estrada, su histórica lección y el derecho a la muerte digna

La activista Ana Estrada, la primera paciente en acceder a la eutanasia en el Perú, se tatuó la palabra “LIBRE” en el brazo como símbolo de sus convicciones. Escribía poesía. Sus textos tenían un delicado aroma feminista. Era psicóloga, atea, una mujer de voluntad de hierro. Una de sus líneas dice: “Y me convierto en noche envuelta en azul violeta [...] yo alumbro”.

Ella alumbró un camino: fue precursora por el derecho a la muerte digna. Desde los 12 años sufrió de polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilitó sus músculos y la mantuvo conectada a un respirador artificial casi toda su vida. El coronavirus le arrebató la voz en diciembre pasado. Se rapó y dejó de recibir a sus amigos, pero en sus últimos días de vida se dedicó a decir adiós para descansar en paz.

Su decisión la convirtió en el primer símbolo de la eutanasia en un país donde el procedimiento está penado con hasta tres años de cárcel para quien, “por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores”.

Sin embargo, en el caso de Estrada, la Corte Superior de Justicia dispuso en 2021 una excepción para que se “inaplique” el artículo 112 del Código Penal, que prohíbe la muerte asistida. Solo dos años atrás había abierto un blog para drenar parte de sus días —también escribe poesía—, pero no con el fin de conseguir nada ni de convertirse en artífice de una lección histórica.

“Mi recorrido por el activismo ha sido mucho más positivo que negativo, cuando empecé creía que todo sería indiferencia o ataques y dije, bueno, no pasa nada, pero no, al final ha sido el camino lo que paradójicamente me ha llevado a valorar mucho más la vida y eso es algo que difícilmente la gente que esté en contra lo comprenda”, contó en una entrevista para la agencia EFE.

Antes de su conquista, en una audiencia, la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos defendió no adelantar su muerte, sino sedarla para evitar que sufra hasta que fallezca de manera natural. Ella, sin embargo, respondió que ya cuenta con esas atenciones al estar hospitalizada en su casa, por lo que permanecer sedada durante un número indeterminado de años no sería en absoluto una muerte digna.

Su lucha por una muerte digna

La activista también reconoció que puede sonar paradójico que pida su derecho a morir cuando aún tenía ganas de seguir viviendo; sin embargo, llegará “el momento en el que ya no pueda seguir”, y para entonces quería que la eutanasia esté descriminalizada para su caso.

“Todas las formas de morir que me sugieren en redes, TODAS, yo las he considerado desde que salí de UCI (2016). Desaparecieron cuando un juez me dijo que tengo razón, cuando la Corte Suprema de mi país mandó a realizar un protocolo de eutanasia y el especialista que lo realice quedaba despenalizado. Se fue el miedo. En diciembre el covid me dio una señal: ya era hora, pero no tenía protocolo”, escribió en una entrada de su blog.

En febrero de 2023, el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y EsSalud realizar un protocolo de cumplimiento de derecho a la muerte digna y respetar su decisión de “poner fin a su vida a través de la eutanasia”.

Además, ordenó “brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas” de Estrada, “lo que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento o fecha en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida”. Sin embargo, no había avances.

“Según el fallo, los trámites para hacer efectivo mi derecho debían terminar en abril. Sin embargo, EsSalud incumplió varios plazos legales. Demoró en formar las comisiones y elaborar los documentos necesarios [...] A pesar de las multas que le impuso la jueza de ejecución, sigue incumpliendo sus órdenes”, escribió la psicóloga en la plataforma de peticiones Change.org.

“[Esa barrera] me preocupa mucho. [EsSalud] tampoco le permitió a la Defensoría del Pueblo verlo. Todo ello, a pesar de que la jueza le ha reiterado que me permita tener acceso a su contenido. ¿De qué sirven las sentencias si no se cumplen a tiempo?”, cuestionaba.

Su abogada, Josefina Miró Quesada, contó que “partió agradecida con todas las personas que se hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía”.

“Murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, se lee en un comunicado difundido por la letrada.