Demoras, prejuicios y trabas burocráticas: los problemas que aún enfrenta Ana Estrada en su lucha por una muerte digna

La batalla de Ana Estrada está en su tramo final. Han transcurrido poco más de dos años desde que el Poder Judicial falló a favor de que la psicóloga de 45 años acceda a una muerte digna a través de la eutanasia. Sin embargo, pese a las disposiciones y una sentencia a su favor, una serie de trabas burocráticas desde el Seguro Social de Salud (EsSalud) la colocan en riesgo de no poder acceder al procedimiento cuando su salud empeore y ella decida hacer uso de su derecho ganado.

Es verdad que la semana pasada, EsSalud por fin entregó el protocolo de cumplimiento para que la activista pueda acceder a su decisión, según confirmó a Infobae Perú la Defensoría del Pueblo.

Pero esto se dio luego de varias demoras. La sentencia que Ana logró en el 2021 fue ratificada en julio del 2022; aún así las instituciones involucradas no han respondido con la celeridad que merece el caso. Hay que tomar en cuenta que Estrada padece polimiositis desde los 12 años una enfermedad irreversible y autoinmune que atrofia e inflama los músculos, que le causa mucho sufrimiento y agrava su condición año tras año.

Estos retrasos hacen temer a la activista.

Por ejemplo, el 2 de mayo de este 2023, EsSalud solicitó una ampliación por quince días más a fin de que el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati envíe el “Plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada por la señorita Ana Estrada Ugarte y un protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna”.

Este pedido fue rechazado por el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima y conminó a la institución a cumplir los plazos señalados en el fallo judicial.

“Hubo muchas demoras para crear esa primera comisión que iba a elaborar el plan y protocolo. Según lo que dijeron era que no se encontraba personal médico no objetor que pudiera conformar la comisión, cosa que creo que no sé qué tan sustentado es porque si bien pueden invocar ello, no hay documentos que respalden que efectivamente nadie quería participar. Yo tengo información de otras fuentes que señalan que había personal profesional médico que estaba dispuesto a participar. Como hubo una demora de varias semanas a lo establecido en la sentencia, esto generó que la Defensoría del Pueblo para que se le aplique una multa”, explica Josefina Miró Quesada, la abogada ad honorem que también acompaña a Ana Estrada en este arduo proceso.

En febrero de este año, el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima dispuso que EsSalud sea multado con 5 URP (Unidad de Referencia Procesal), pues se trataba de un segundo incumplimiento. La primera vez que incumplieron con la entrega de este documento fueron multados con 3 URP. Y aún así quiso pedir otro plazo más, el que ya mencionamos.

Ahora que el seguro social al fin ha entregado este protocolo, todavía se tiene que esperar las observaciones que puedan efectuar las comisiones del Ministerio de Salud y el Seguro, procedimiento que puede tardar si no le dan la celeridad necesaria. Solo se espera que se cumplan las fechas señaladas en la resolución judicial.

“Podíamos esperar que hubiera cierta reticencia o poca colaboración por parte de EsSalud, pero sabíamos y confiábamos con que contábamos con una sentencia firme, cosa juzgada, plenamente ejecutable, con plazos además muy razonables para poder realizar un plan de protocolo porque no estamos hablando de una legislación con efectos generales y abstractos. Si no de un plan que tiene indicaciones mínimas sobre orientaciones, la celebridad que tiene que tener el proceso, la oportunidad, la convalidación del informe médico que acredita que Ana tiene la enfermedad que tiene. Son cosas que se adecúan al perfil de Ana. No estamos hablando realmente de una legislación general, por lo que no debería costar tanto elaborar esta documentación ad hoc para el caso de Ana”, señala Josefina Miró Quesada.

Ana Estrada logró obtener su derecho a una muerte en condiciones de dignidad en febrero de 2021. Con esta medida, se aprobó la inaplicación del artículo 112 del Código Penal que sancionaría al delito de homicidio piadoso para su caso, de manera tal que reconoció su derecho a decidir sobre el final de su vida, sin que nadie sea perseguido penalmente por ello. Además, ordenó la elaboración de un protocolo institucional que le permita ejercer sus derechos en condiciones seguras.

Aunque la sentencia podía ser apelada, ni el Ministerio de Salud ni EsSalud decidieron hacerlo.

En julio del 2021, la Corte Suprema ratificó y aprobó, en parte, el fallo que reconoce el derecho fundamental de Ana Estrada a una muerte en condiciones de dignidad. Entonces también se señaló que estaba pendiente resolver el aspecto vinculado al protocolo de actuación para ejecutar el procedimiento médico de la eutanasia.

Esto después de que en el 2020, la Defensoría del Pueblo presentara una demanda de amparo que solicitaba inaplicar el delito de homicidio piadoso al caso, a efectos de que pueda acceder al procedimiento médico de la eutanasia, cuando ella así lo requiera.

Desde el 2015, la polimiositis alcanzó los músculos respiratorios de Ana y acabó con una traqueostomía y una gastrostomía, es decir sondas en la tráquea y en el estómago para respirar y comer. También perdió autonomía y quedó bajo el cuidado de enfermeras las 24 horas al día.

‘’Esta búsqueda por la muerte se convirtió paradójicamente, en una motivación para vivir. Todavía no he tenido un proceso infeccioso este año y no sé cuándo lo tendré, pero lo que digo es que si yo tuviera el “permiso” del Estado para morir, estoy segura que esos procesos infecciosos no serían así de terribles y los llevaría en paz, con esperanza y libertad”, escribió Estrada en su blog, allá por el 2019.

Josefina, su ahora amiga y abogada señala que Ana Estrada tiene el temor de que cuando decida aplicar al procedimiento de eutanasia, el fallo no sea respetado, debido a estas muestras de falta de colaboración e inclumplientos de un fallo judicial a su favor.

“Ya su voluntad ha sido varias veces ratificada a lo largo del proceso. No quiere decir tampoco que una vez que ya está listo el plan y protocolo y ya está constituida la comisión que aplicará la eutanasia, no quiere decir que el día de mañana después de que eso ocurra Ana va a decir ‘bueno ya yo quiero la eutanasia’. Al final de lo que se trata es que esa infraestructura esté lista para cuando ella decida, que puede ser mañana, que puede ser de aquí a un mes, que puede ser a un año. No lo sabemos porque al final de lo que trata el derecho a una muerte digna es de la potestad de decidir y esa decisión es muy personal”, añade la abogada.

También reflexiona sobre la necesidad de que desde la medicina se tome más en cuenta la autonomía de los pacientes, a fin de evitar procedimientos impositivos y que aunque haya personas que estén en contra de la decisión de Estrada el vivir en un Estado laico implica el respeto por el derecho a la muerte, como parte del buen vivir.

“Tú puedes disentir de su decisión, puedes considerar que la autonomía para ti no sea una opción viable para el final de tu vida, pero sí tienes la obligación de respetar que esa sí sea una opción para otras personas porque vivimos en un Estado laico y que busca garantizar los derechos de la persona, que incluyen la dignidad y la autonomía. Por tanto tú tienes la obligación de respetar esa decisión. Nadie más que quien vive la situación que vive sabe las razones detrás. Es muy fácil hablar desde el exterior cuando tú no vives en carne propia lo que es eh padecer de una enfermedad que es así dolorosa, que genera tales sufrimientos. Solo la persona que lo vive es capaz de dimensionar y capaz de entender hasta cuándo ya no quiere seguir resistiendo porque ya genera una situación de sufrimientos que hace que la vida ya no sea digna. El resto tenemos la obligación de respetar y entender y empatizar y de escuchar”, enfatiza Miró Quesada.